El Supremo exime a la Xunta de pagar 12,5 millones a Audasa por los peajes de Rande y A Barcala
La conselleira reclama al Gobierno central que "tome nota" sobre el "enriquecimiento injusto" de la concesionaria
R. V.
La Xunta ha mostrado su satisfacción por el fallo del Tribunal Supremo que libra a la Administración autonómica de abonar 12,5 millones de euros que la concesionaria de la AP-9 reclamaba por los peajes en sombra del puente de Rande y el tramo de A Barcala durante los dos últimos ejercicios (2020 y 2021).
La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, se ha referido así al contenido del auto que da la razón a la Xunta en su interpretación del acuerdo firmado en 2017 con el Gobierno entonces presidido por Mariano Rajoy para liberar a la Administración gallega de su responsabilidad con el pago de este peajes en sombra.
A preguntas de los periodistas este lunes en Santiago de Compostela antes de participar en la reunión del consejo rector de Augas de Galicia, la responsable del Ejecutivo gallego ha valorado que el Supremo determine "que Galicia no debe ser quien afronte esa bonificación de los peajes" al tratarse de una infraestructura de titularidad estatal.
Además, Ethel Vázquez ha incidido en que el Consejo de Estado emitió un informe en el que reflejó que "no solo debe ser la Administración del Estado" quien deba asumir estos costes sino que "también hay un enriquecimiento injusto" por parte de la concesionaria de la autopista.
"Creo que es un nuevo llamamiento a la Administración General del Estado, que tome nota de esta nueva sentencia del Supremo: que existe un enriquecimiento injusto de las bonificaciones del peaje de la AP-9 y también que no debe ser Galicia quien subvencione los peajes de la AP-9 porque es una autopista de titularidad estatal", ha cerrado.
Los tramos que unen A Coruña y A Barcala y Rande y O Morrazo pasaron a ser gratuitos para sus usuarios en 2006 para que el pago fuese asumido por la Administración, lo que se llama peaje en sombra.
Sin embargo, al quedar exentos de pago el número de usuarios se multiplicó, de modo que en 2017 el Gobierno de Rajoy modificó por decreto el sistema de cálculo del peaje que le correspondía pagar a la administración y evitar ese enriquecimiento injusto del que habla Vázquez.
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