Los furtivos se profesionalizan en Galicia: diez veces menos pero cazan un 60% más

El furtivismo es una lacra con la que Galicia lleva media vida lidiando. Una problemática silenciosa cuyo impacto difícilmente se puede cuantificar, más allá de las operaciones e incautaciones llevadas a cabo por las autoridades. A la otra cara de la moneda, la que inevitablemente se les escapa a los profesionales que protegen la costa gallega, no se le había puesto rostro hasta ahora. Pero por primera vez lo ha hecho un estudio impulsado por investigadores gallegos, ofreciendo una estimación pionera del volumen de caza furtiva en Galicia a partir de información registrada formalmente sobre el marisqueo ilegal.

Es el informe “Estimating illegal catches in data-poor S-fisheries: Insights from multispecies shellfish poaching in galician small scale fisheries”, elaborado por Hugo Martínez Ballesteros, Eduardo Sanchez Llamas y Gonzalo Rodríguez Rodríguez, los tres pertenecientes al grupo de investigación de Economía Pesquera y Recursos Naturales, del departamento de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). El artículo, publicado en la revista académica Marine Policy, da cuenta de la evolución del furtivo en la comunidad; de cómo ha ido desapareciendo, al menos físicamente, aunque no así su huella.

El furtivo se ha esfumado y profesionalizado, según los datos que se desprenden del documento, que estima en más de 660 toneladas las capturas que acabaron en manos de pescadores ilegales. Los resultados analizados revelan que el número medio de cazadores sin permisos que operan en las costas gallegas es de 2.590, habiéndose producido el pico de detecciones en 2014 (3.929) y desde entonces una tendencia a la baja.

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El número de furtivos, de hecho, cayó un 46% en cuatro años, y 2018 fue el año prepandemia en el que menos se registraron (710). “En 2020, el récord es inusual por el efecto de la pandemia de COVID-19 y las medidas tomadas por las autoridades españolas en la lucha contra el virus; el número de cazadores furtivos detectados en este año fue de 391 individuos”, explican los especialistas en el estudio.

De 2014 a 2020, pues, los furtivos detectados se redujeron en un 90%; son una décima parte de lo que eran. No obstante, las estimaciones proporcionadas por los investigadores apuntan que el total de capturas ilegales se disparó más de un 60% entre ambos años, de las 68,3 toneladas de 2014 a las 111,1 que calcula que se capturaron en 2020.

Principales especies afectadas

Las principales especies afectadas fueron la almeja (364,4 toneladas) y la centolla (107,8). La primera es la mayor afectada por la reincidencia de sus saqueadores (cinco de media), frente a otras especies como los berberechos (3,7) y los percebes (2,5). Y la segunda es con la que más se ceban, siendo de la que más cantidad se decomisa por operación (561,1 kilogramos).

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“Los incidentes de caza furtiva profesionalizada y frecuente, donde se extraen grandes cantidades de marisco, tienden a distorsionar los valores medios de los incidentes de caza furtiva típicos”, dicen al respecto los autores. En cuanto a la distribución de los furtivos por especies, el 81,6% dedican su tiempo a la captura de almejas (45,5%) o percebes (36,1%). Además, estas dos especies concentran casi el 90% de todas las sanciones impuestas anualmente (almejas 67,1% y percebes 22,7%).

Conforme explican los investigadores gallegos, la naturaleza opaca de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) significa que los datos sobre las capturas son escasos o poco confiables, lo que hasta ahora ha dificultado estimar el volumen de la pesca ilegal y el número de personas que la practican. “En este trabajo, desarrollamos el uso de métodos de cuantificación para la pesca INDNR en pesquerías con pocos datos y proporcionamos estimaciones para las principales especies de moluscos explotadas en las pesquerías en Galicia”, agregan.

Para realizar las estimaciones, relativas al periodo 2012-2020, utilizaron un modelo cuyo insumo principal es el Índice de Confiscaciones por Unidad de Esfuerzo Policial (CPUPE), que relaciona las sanciones impuestas por furtivismo, caza furtiva estimada y confiscaciones realizadas por las autoridades.

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