Las borrascas

Todavía sin alejarse de la península la borrasca Peter, procede ocuparse ya de otra aún sin nombre que azota ya aunque sin ruido –al menos sin tanto alboroto– la res publica de Galicia. Se refiere quien esto opina a la actitud del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que parece decidido a saltase otras instancias y recurrir a Europa cuando tiene dudas sobre la aplicación de determinadas normas y reglamentos. Una actitud legítima, pero extraña. A estas alturas, dudar sobre qué trabajadores interinos de la administración que llevan años en esa situación deben ser declarados fijos resulta desconcertante. Es posible que los reglamentos actuales permitan semejante cosa, pero la recta razón obligaría al menos a analizar y después a modificar si proceden los efectos malignos de aquella normativa.

No se trata de una cuestión nueva, ni tampoco banal. Son demasiados los trabajadores que, a pesar de las triquiñuelas de doña Yolanda Díaz, de los inventos de su entorno y de la realidad misma, viven ocasiones en que se quiere hacer pasar por galgos lo que no son sino podencos, entendiendo esta comparación solo como tal, no para definir a las personas afectadas. El paro fijo discontinuo, que es como podría llamarse la situación de funcionarios que llevan quince o veinte años como interinos, ha de ser resuelta en serio y cuanto antes Lo que resulta extraño es que, a pesar de sus dificultades técnicas , el TSXG necesite consultar a los tribunales europeos lo que parece no le proporcionan los españoles: un criterio sólido, eficaz y justo. Y eso es básico para la llamada “justicia social”.

Claro que la extrañeza no se refiere solo a la situación de fijos o interinos en el mundo laboral, sino también a lo que está sucediendo, de momento sin explicación, acerca de las eólicas –terrestres y marítimas– en Galicia. El Superior gallego suspendió unas cuantas adjudicaciones concedidas por la Xunta con criterio respaldado por el Tribunal Supremo, pero rechazado por el de Galicia que ha remitido el asunto a Bruselas para resolver el conflicto. No es frecuente tal actuación, y eso ha dado lugar a rumores de todo tipo. Sobre todo, después de que un magistrado del TSXG rectificara su primera decisión en contra de un proyecto eólico argumentando después que cometió un error.

En este punto, no cabe sino citar la perdida anual de mil doscientos millones de euros que, según informaba FARO DE VIGO, implica para el sector la parálisis de la industria eólica. Y si se pierde cuando Galicia aún es dependiente de los combustibles que importa, y no se buscan remedios para el equilibrio, podrá hablarse de un daño colectivo para los intereses y el bien común de los gallegos y gallegas que habitan este Reino. No es tampoco la primera vez que se apela al extraño espécimen –por poco utilizado- llamado bien común, pero eso no quita para que repetirlo pierda valor: en realidad esa idea es la que debería mover tanto a políticos, como a ciudadanos, como a jueces. Porque precisamente la Igualdad es una de las características claves del Estado de Derecho.

España y también Galicia, por tanto, tienen probablemente bien ganada la verdad a medias de que aquí hay muchas leyes, pero se cumplen pocas. Y no se trata del ADN del personal, ni de la influencia genética de los antepasados, y mucho menos de que Galicia no se considere un ejemplo de convivencia democrática: lo es, cumple las leyes, pero a veces la interpretación de los textos o las prioridades de los gobiernos la convierten en una cuestión de segundo orden. Sea como fuere resulta obvio que ahora mismo la preocupación ciudadana se centra en la judicatura, en los jueces que han de fallar causas importantes, pero por extensión también a los demás. Nadie duda –o casi nadie, excepto el Gobierno– de la independencia del poder judicial, pero hay veces en que parece que no existiera. Y muchas de ellas (las veces) eso afecta para mal en Galicia. Azotada la comunidad por las borrascas climatológicas, parece llegada la hora de que se acaben las ideológicas y las políticas.