Subastas de récord en los tribunales vigueses. Si hace tres años 140 bienes de la promotora Inversiones Porriño SL, vinculada al grupo Mario Puentes protagonizaban la puja más numerosa en la sala de lo Mercantil de Vigo, ahora son dos juzgados de Primera Instancia los que tienen abiertos dos procesos millonarios que suman cerca de 200 inmuebles.
En concreto, se trata de dos edificios, uno en Gran Vía, 54 y otro en Aragón, haciendo esquina con calle Bailén. Este último es el de mayor envergadura y sale a subasta pública en forma de un único lote, si bien el inmueble cuenta, tal y como viene reflejado en su expediente, con 5 portales, 4 sótanos destinados a plazas de garaje y trasteros, locales comerciales y 6 plantas altas y planta de bajo cubierta para ciento cincuenta y cinco viviendas. ¿Su valor? Más de 43 millones de euros (recoge el BOE). Por la contra, el edificio situado en una de las principales arterias de la ciudad sale a puja con 51 lotes diferentes divididos en 25 viviendas, 6 trasteros y 20 garajes. Su valor ronda los 12,5 millones de euros, cifra semejante a la que se reclama: 11,4 millones. En ambos casos la fecha de conclusión se sitúa el 8 de abril, al igual que el acreedor: la Sareb.
Desde enero, los tribunales vigueses ejecutaron la salida a puja de casi un centenar de bienes inmuebles por deudas que suman más de 44 millones de euros. Actualmente se encuentran activas diez, pero ninguna con ofertas. La gran mayoría de ellas son por vía de apremio, ordenadas por el juzgado donde lo que se busca es obtener dinero para sufragar una deuda. "Las subastas que nos encontramos son, en el 99% de las veces, reclamaciones de cantidad pero hay algún caso atípico como subastas por las costas de un juicio que u otros ejemplos que se dan cuando varias personas son copropietarias de un bien, como por ejemplo un matrimonio o una herencia, y se hace una subasta para repartir el dinero entre los cónyuges o herederos", dice el procurador Manuel González-Puelles. Acerca de estas últimas, desde principio de año se contabilizó tan solo una.
En determinadas ocasiones, esta deuda no alcanza el valor del bien subastado. Un claro ejemplo se encuentra en un procedimiento recién abierto. El Juzgado de Primera Instancia 7 tiene a subasta una nave industrial en Candeán cuyo valor de tasación es de casi 2 millones de euros mientras que la cantidad reclamada no llega a los 230.000 euros. "En este caso, el sobrante se destina al resto de los acreedores que estén después de la hipoteca. Si no hay ninguno los recibe el deudor, el propietario del bien. El hipotecante solo cobra lo que tiene garantizado", aclara.
Elevadas deudas
Estas subastas solo se producen cuando el deudor no puede hacer frente al pago de su requerimiento de forma líquida o con otro bien, como por ejemplo un coche o incluso su nómina. "La subasta siempre depende del importe que estamos reclamando. Si con el pago del salario en un tiempo razonable se puede cobrar, normalmente el juzgado suele esperar. Estamos hablando de por ejemplo 3.000 euros. No se subasta una casa de 300.000 euros por una deuda de 3.000, pero si no tiene ningún bien más que el inmueble ni salario ni nada, habría que subastarlo pero son casos raros. No se suele subastar algo que vale mucho por una deuda pequeña", añade González-Puelles.
Esta modalidad de subasta solo incluye las deudas con particulares o empresas demandantes, ya que las requeridas por otras administraciones tienen su propia vía. "Hay subastas de la Agencia Tributaria o de la Tesorería para el cobro de sus propias deudas. Son al margen de las que se publican en el BOE. Si son deudas con ellos se encarga la autoridad competente y no van por vía judicial", concluye.
