Una de las principales batallas –o más bien la principal– que ha tenido que enfrentar el sector pesquero de España y del resto de la Unión Europea es el cerco al diésel. Principalmente por parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y su negociación para acabar con los subsidios pesqueros, incluyendo la bonificación al gasóleo que disfruta la flota. Aunque el aumento de los contagios de COVID provocó la cancelación de la XII Conferencia Ministerial prevista para finales del pasado noviembre y en la que previsiblemente se tomaría la decisión final, las negociaciones entre los países continúan de forma telemática y todo apunta a una resolución en el primer trimestre de 2022 si la pandemia lo permite.
Tal y como denuncia la industria o la Xunta, el fin del combustible bonificado pondría en jaque la actividad de todas las flotas. De hecho, tres estudios encargados por la Administración gallega a la Universidad de Santiago de Compostela y MarInnLeg revelan el duro golpe para el sector si avanza esta y otras propuestas: supondría una “reducción de ingresos” por la que “sería esperable una reducción de la flota” al entender que no sería “compatible con el mantenimiento de la actividad” de los buques.
Para la OMC, la depredación de los caladeros se ve favorecida y agigantada porque el combustible está subvencionado, subsidiado, facilitando el trabajo de flotas de larga distancia. De esta forma, en el mismo saco mete a los cientos de buques asiáticos que trabajan por todo el mundo sin control (como aquellos que lo hacen en la llamada milla 201, frente a Argentina) y a los barcos comunitarios (como los gallegos), que trabajan con el mayor marco de vigilancia y control del mundo.
De ahí que la flota se echase las manos a la cabeza cuando, con el paso de los meses, la negociación de la OMC avanzaba en este sentido y, para colmo, se le sumaban otras iniciativas en el seno del propio bloque comunitario. La Comisión Europea, en el marco del llamado European Green Deal, propuso una nueva regulación fiscal que supondría aumentar el precio del gasóleo en 3 céntimos el litro.
La medida, que fue incluida en los cambios propuestos para la Directiva de Impuestos Energéticos (ETD, en inglés), nació de la necesidad de alinear la fiscalidad de los “productos energéticos” con las políticas que buscan frenar la degradación ambiental. La propuesta funcionaría estableciendo un umbral mínimo que todos los Estados miembros tendrían que respetar y, en caso de que así lo deseen, aumentar. Según cálculos de la patronal Europêche, el incremento real del precio por litro de combustible como consecuencia del nuevo sistema propuesto será de al menos esos 3 céntimos el litro. En el caso de que la OMC eliminase el diésel bonificado, el incremento aproximado del coste para la flota sería de 50 millones de euros al año.
De esta forma, ambas propuestas suponen un combo que amenaza, y mucho, la sostenibilidad de una actividad clave para proveer de alimento a la población. De hecho, los estudios encargados por la Xunta eran claros y sus autores tajantes. “Acabar con el diésel bonificado sería el peor golpe para la flota que se recuerda”, señaló en una entrevista para FARO el investigador Gonzalo Rodríguez, encargado de liderar el estudio asignado a la USC. A su juicio, la OMC plantea “saltar al abismo” y la eliminación de esta fiscalidad especial para el combustible “cambiaría las reglas de juego y provocaría que la actividad se trasladase a otros lugares”.
El presidente del comité de la OMC encargado de estudiar las “subvenciones” al sector pesquero, Santiago Wills, prosigue con su labor y sus contactos con los diferentes países para lograr un acuerdo el próximo año sobre una materia que se lleva negociando desde hace dos décadas.
