El BNG de Redondela critica al gobierno municipal por priorizar los criterios económicos en el contrato de la abogada del Centro de Información á Muller (CIM), que permaneció durante ocho meses sin prestar asistencia jurídica a las usuarias “debido a una falta de previsión, según afirma la concejala nacionalista Jéssica García. La edil reprocha a la responsable municipal de que al iniciarse el proceso de la nueva contratación, al límite de los plazos, “no se prorrogase el contrato de la abogada hasta que estuviera vigente la nueva contratación, como sí se está haciendo con otros servicios”, y pone como ejemplo la limpieza de edificios municipales o el contrato del abogado del Concello. García muestra su preocupación “porque en el pliego de condiciones se primaron los criterios económicos, en una cuestión tan relevante como la atención jurídica a las mujeres, muchas de ellas víctimas de las violencias de género”.