La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá el próximo jueves, 14 de octubre, la celebración del juicio oral al que se somete a una vecina de la parroquia estradense de Souto que, presuntamente, intentó matar a su marido asestándole varias cuchilladas. La causa llega a esta sala procedente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de A Estrada. La Fiscalía pide para esta estradense una pena de cuatro años y medio de prisión.
En el escrito de acusación de la Fiscalía, se recoge que los hechos se remontan al 23 de julio de 2020. En torno a las 22.00 horas, en el interior del domicilio de este matrimonio se inició una discusión, en el curso de la cual la mujer habría blandido un cuchillo “de hoja metálica con filo y acabada en punta incisiva”, situación que motivó que el marido saliese de la vivienda. Se indica que quiso volver a entrar, pero la mujer no le permitió la entrada. “Optó por encaramarse a un pequeño galpón anexo y, desde allí, intentar acceder al interior a través de la ventana que comunica con la cocina”, continúa el escrito. Sin embargo, en el lugar le esperaba la acusada, “decidida a acabar con su vida con tal de evitar que pudiera regresar al domicilio que ambos compartían”.
En este punto, el escrito de acusación recoge que, en el momento en el que el varón se asomó a la ventana, la mujer “con el propósito de acabar con su vida”, le “propinó hasta cinco puñaladas”, empleando “el cuchillo antes señalado y otro cuchillo de cocina de unos 30 centímetros de largo”. Se precisa también que las puñaladas fueron dirigidas hacia el abdomen y tórax de la víctima, mano derecha y pierna izquierda, “existiendo riesgo vital por el medio empleado y la localización y entidad de las lesiones, siendo alguna de las puñaladas profunda”.
Auxilio
Pese a la gravedad de sus heridas, este estradense pudo abandonar el lugar por su propio pie y solicitó auxilio a los vecinos, que alertaron a los servicios de emergencias. Al lugar se trasladó una ambulancia asistencial, cuyos facultativos consideraron la necesidad de hacer uso de una ambulancia medicalizada. Fue conducido al Hospital Clínico de Santiago, donde se le ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
La víctima fue atendida por cinco heridas: una de tres centímetros en su flanco derecho; una incisión en epigastrio; otra en la fosa ilíaca derecha, una en su mano derecha y otra en la cara interior del tercio distal de la pierna izquierda. A raíz de estas heridas de arma blanca padeció un neumopericardio leve, neumomediastino leve, hematoma intraabdominal retroperitoneal y mínimo derrame pericárdico en el techo de la aurícula derecha. Tuvo que quedar ingresado en el servicio de cirugía cardíaca, recibiendo el alta hospitalaria el 7 de agosto de 2020. Sin embargo, siete días después ingresó por disnea progresiva y se le diagnosticó derrame pericárdico severo. Fue nuevamente dado de alta el 25 de agosto, “con diagnósticos de shock obstructivo por taponamiento cardíaco, pericarditis inflamatoria tardía con derrame pericárdico en relación a herida por arma blanca, ligera depresión de la función sistólica ventricular izquierda e insuficiencia respiratoria aguda mixta”, concreta el escrito de Fiscalía. Añade que no alcanzó una estabilidad en sus lesiones hasta el 20 de octubre de 2020. “Requirió un tiempo de curación de 92 días, de los cuales 28 fueron de perjuicio personal grave y 64 de perjuicio personal moderado”, teniendo varias cicatrices a modo de secuelas.
Petición de pena
Los hechos relatados son constitutivos de un deleito de intento de homicidio. La acusada permanece privada de libertad desde el 23 de julio del año pasado. En la acusación se recoge que concurre como eximente la ebriedad –se señala que la ingesta de bebidas alcohólicas habría producido en la mujer una intoxicación aguda de alcohol, “afectando de forma relevante a su capacidad volitiva”– y, como agravante, la circunstancia mixta de parentesco.
El Fiscal concluye que procede imponer a la acusada la pena de cuatro años y seis meses de presión, además de la prohibición de que se aproxime a menos de 100 metros de la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar frecuentado por él, así como de comunicarse con él por cualquier medio, durante un tiempo superior en siete años a la privación de libertad que se acuerde. Además de abonar las costas, en concepto de responsabilidad civil, pide que la acusada pague al Sergas los gastos que se acrediten por los traslados en ambulancia y asistencias médicas prestadas por esta causa.
