El director general de Alu Ibérica –firma que engloba las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés– y presidente de Grupo Industrial Riesgo –dueño de las plantas desde abril–, V. R. D. tuvo que dar explicaciones ayer en la Audiencia Nacional sobre la maraña empresarial que ha llegado a gestionar las dos factorías que Alcoa vendió a Parter Capital (en 2019) y que el fondo de inversión suizo revendió a Riesgo (en 2020) y sobre si este entramado está las está saqueando (la Policía Nacional tiene indicios de despatrimonialización fraudulenta). Tras prestar declaración, la jueza retiró el pasaporte tanto a V. R. D como a otros tres directivos de la cúpula de Riesgo, igualmente detenidos en el macrooperativo policial del jueves. Los cuatro quedaron en libertad pero con prohibición de salir del país y obligación de comparecer en el juzgado cada mes.

Se trata de A. C. C., directora ejecutiva de Alu Ibérica; L. L. G. administrador único de System Capital Management (compañía a través de la cual Riesgo entró en el accionariado de Alu Ibérica); y D. P. S. , que figura como administrador de varias firmas, como Riesgo Farma o Manuel Riesgo SA. Los cuatro están siendo investigados por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra los derechos de los trabajadores y asociación criminal, por los que podrían enfrentarse a penas de cinco años de cárcel.

El denominado ya como caso Alcoa (la multinacional americana también está bajo sospecha) está bajo secreto de sumario, por lo que no ha trascendido el contenido de las declaraciones. Tras el macrooperativo policial del jueves (con cien agentes, once propiedades registradas y tres detenidos al que luego se sumó un cuarto), la jueza María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, recibió ayer la solicitud de medidas cautelares por parte de la acusación.