La magistrada titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, permitió este martes que Ramón Juega Cuesta, el administrador judicial de las fábricas de aluminio intervenidas de Avilés y A Coruña -Alu Ibérica Avl y Alu Ibérica Ac-, solicite ante los Juzgados de lo mercantil competentes la correspondiente declaración de concurso voluntario de acreedores con el fin de que este delegado judicial presente una propuesta de convenio anticipado o un acuerdo de refinanciación que pueda cumplir con los requisitos legalmente establecidos.

Esta medida supone la puesta en marcha de la nueva etapa invocada por la Ministra de Industria esta pasada semana: el desvelo de los nombres de los posibles inversores para la planta de Avilés, según había prometido Reyes Maroto a los trabajadores en su cita del viernes con los representantes de los trabajadores de San Balandrán en Oviedo.

La responsable de Industria reiteró en esa reunión al comité de Alu Ibérica la existencia de inversores interesados en adquirir la antigua planta de Alcoa, pero igualmente hizo saber que no se podía avanzar en ese escenario de venta hasta que llegara el concurso de acreedores ahora confirmado por LA NUEVA ESPAÑA que había solicitado el administrador judicial actualmente está al mando de la fábrica por orden de la Audiencia Nacional.

Maroto extendió la “culpabilidad” de Alcoa a lo que acontece en la planta de San Ciprián (Lugo), donde la multinacional ha maniobrado para echar el cierre parcial. Lo que la Ministra pide a Alcoa es “que deje de ser el problema y pase a ser parte de la solución para devolver la dignidad a los empleados”. Seguidamente, emplazó a la compañía: “Le exijo que se siente a negociar porque nosotros (el Gobierno de España) lo que queremos es que haya un proyecto industrial solvente; por eso estaremos siempre del lado de la plantilla y trabajaremos en la defensa de los puestos de trabajo y para mantener la actividad de la industria”.