Orlando Luján, secretario General de la Asociación Española de Asesores Fiscales: "La calidad legislativa tributaria en España no es la deseable"

¿Qué retos se plantea la nueva directiva de la Asociación Española de Asesores Fiscales de la que usted es secretario general?

Nos presentamos en una candidatura que lidera Bernardo Bande García-Romeu, desde 2024-2027. Para los asesores fiscales es fundamental fortalecer las relaciones y la colaboración con las administraciones tributarias, la estatal y las de todas las comunidades autónomas, para que sean lo más fluidas posible. Porque entendemos que las administraciones deben actuar bien, al igual que los contribuyentes. Si no te dan facilidades y si las normas, además, son complejas y los criterios no son claros, se cometen errores. De hecho, hace no mucho el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha hablado del derecho al error. Es que todos los contribuyentes nos podemos equivocar en alguna ocasión y, a veces, las administraciones tienden a sancionarte automáticamente simplemente porque has cometido un error puntual. Si me equivoco de forma reiterada, a lo mejor es que soy alguien descuidado, negligente, y ya es otra cuestión distinta que debería sancionarse, pero si siempre actúo adecuadamente y me equivoco alguna vez, pues no. Son cuestiones que están encima de la mesa y que el mismo Consejo para la defensa del Contribuyente ha señalado con acierto. 

¿Y qué hace la Aedaf?

Estamos tendiendo los mejores lazos con todas las administraciones tributarias, reuniéndonos e intentando buscar puntos de encuentro y formas de resolver esas disfunciones con la Dirección General de Tributos para que las normas que van saliendo respeten los derechos de los contribuyentes. 

Usted también es el responsable de los grupos de expertos por materias de la Aedaf. ¿Qué hacen esos grupos?

Tenemos una serie de grupos de expertos por cada una de las materias que permanentemente están revisando, por ejemplo, el impuesto sobre la Renta y sus modificaciones, el impuesto sobre las Sociedades, el de Patrimonio y empresa familiar, impuestos indirectos, en derechos y garantías de los contribuyentes y de práctica tributaria, en fiscalidad internacional o en haciendas locales... Son grupos especializados en cada una de las materias para estar atentos a cualquier cuestión, de cualquier rango. Puede ser una orden ministerial, un reglamento o un cambio a nivel de ley y analizamos que no haya errores o lagunas que, a lo mejor, no permitan entenderlos e interpretarlos claramente, o que, a lo mejor, haya ciertos excesos que pueden cometerse en esos desarrollos normativos que limiten los derechos de los ciudadanos. No es fácil, pero en la Aedaf estamos en ello.

La reforma fiscal es un tema controvertido en el Gobierno. ¿Cuál sería la mejor política fiscal que se podría hacer?

No es fácil la respuesta porque la realidad es que la calidad legislativa en materia tributaria en nuestro país no es la deseable.

¿Por qué?

Una de las causas de que no sea todo lo buena que sería deseable muchas veces viene por las propias prisas en intentar acometer medidas que muchas veces necesitan una mayor reflexión. Y, en general, las prisas son malas consejeras. Cuando estamos hablando de temas con cierta complejidad, como los temas tributarios, cuando se hacen de forma, digamos, con cierta urgencia, por reales decretos leyes que se aprueban un día y entran vigor al día siguiente, pues hay muchas probabilidades de que se cometan errores, muchas de las veces involuntarios. Pero quedan ahí, y esas normas una vez que están aprobadas hay que aplicarlas así como están hasta que se subsanen. Por eso también entre nuestras labores está intentar identificar esas cuestiones e intentar ponerlas en conocimiento para que se puedan corregir lo antes posible. No siempre lo conseguimos, pero siempre lo intentamos. 

Los empresarios dicen que España no es segura jurídicamente y hace que los inversores huyan.

En general, las normas no dan la seguridad jurídica que necesitan los ciudadanos, desafortunadamante. Hay incertidumbre y no digo que se vayan las inversiones, aunque hay ejemplos de empresas que se han ido, sino que lo que hay es que el atractivo de España es menor cuando las normas que, en teoría, quieren incentivar para que se invierta, para que se realicen actividades, no son lo suficientemente claras, o cuando las interpretaciones oscilan y generan incertidumbre. El dinero es miedoso y si hay más incertidumbre de las que debiera pues evidentemente se retrae la inversión, y eso nunca bueno. 

¿Recetas ante ello?

La receta es que las normas se hagan con mayor sosiego, que se escuche más a organizaciones como la Asociación Española de Asesores Fiscales.

¿No se les escucha?

Sí se nos escucha. Pero no se toman en cuenta todas las apreciaciones, ni mucho menos, que hacemos, que las hacemos con voluntad constructiva. Lo que queremos es que la normativa sea de mayor calidad, que la normativa sea previsible. Tenemos un ejemplo reciente, como las empresas que tributan en el régimen de consolidación fiscal. La reciente modificación normativa generó inseguridad en las empresas que optan por este régimen, lo que demuestra la necesidad de una normativa estable y consistente. 

¿Se ha recogido alguna propuesta del libro blanco de fiscalidad realizado por el grupo de expertos?

Este Gobierno actual como anteriores han creado comisiones de expertos para que hagan sus propuestas para la reforma fiscal en España. Tanto en 2014, como en febrero de 2022, que es el libro blanco para la reforma fiscal en España. Y lo que sorprende es que, y voy al caso más reciente, en febrero de 2022, se proponen una serie de cuestiones para una reforma integral del sistema tributario. ¿Y cuántas se han seguido de esas propuestas? Prácticamente ninguna. Se recomendaban ciertas modificaciones en el impuesto de Patrimonio pues y lo que se ha modificado ha sido casi es en el sentido opuesto. Es decir, no se han seguido los criterios de esos expertos que ¡ojo! han sido designados por la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), y antes de ella por Cristóbal Montoro (PP), es decir que las normas tributarias se cambian, más veces de las deseables, por prisas e impulsos de carácter coyuntural en lugar de atendiendo a una visión integral y sistemática como las planteadas por los expertos en el libro blanco...

¿España ahora mismo tiene un sistema tributario bueno?

Tenemos un sistema tributario con algunas figuras obsoletas y otras no. El impuesto de Sucesiones y Donaciones, por ejemplo, es de 1987 y está tremendamente obsoleto. Debería reformularse de forma íntegra, digamos. Otro ejemplo es el impuesto de Patrimonio, que está igualmente obsoleto, o sea, los impuestos estatales que gestionan las comunidades autónomas están obsoletos, no se actualizan ni adecúan periódicamente la normativa estatal como si sucede habitualmente con otros tributos. Y lo que se ha hecho de alguna forma es remiendos o parches, como puede ser con el impuesto de solidaridad de la grandes fortunas. Y a lo mejor lo que hay que hacer es arreglar estructuralmente el impuesto base del impuesto de Patrimonio y del de Sucesiones y Donaciones. 

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