El próximo 9 de mayo decaerá el estado de alarma. Al menos, esa es la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el pasado martes rechazó prorrogar esta medida constitucional. Toda la oposición, desde los socios parlamentarios de Sánchez hasta el PP, le exige una "alternativa" legislativa a la alarma, para evitar que las medidas que tomen las autonomías a partir del 10 de mayo para frenar el covid-19 queden en manos de los tribunales superiores de justicia, como ocurrió el otoño pasado.

Los portavoces de los grupos parlamentarios del PP, Cs, PNV, EH Bildu, PdeCat, Más País y Compromís han expresado su temor a que la situación epidemiológica no mejore de manera sustancial antes del 10 de mayo y, ante la prensa, todos ellos han pedido a Sánchez que explique mañana, miércoles, qué herramientas tendrán las comunidades para evitar que los jueces sean los árbitros. El jefe del Ejecutivo comparecerá en el Congreso para cumplir el compromiso de hacerlo cada dos meses que adquirió cuando se aprobó el estado de alarma vigente, el pasado 24 de octubre. Sánchez, en cambio, no ha satisfecho otro acuerdo al que llegó en aquella fecha y que suponía convocar la Conferencia de Presidentes autonómicos. El dirigente socialista anunció su decisión de no prorrogar el estado de alarma la semana pasada sin consultarlo con las comunidades, algo que le han afeado incluso las presididas por su propio partido, como Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana. Estos últimos días, los ejecutivos del País Vasco, Andalucía y Murcia han propuesto prorrogar la alarma. Suspicaz, Ferran Bel, portavoz del PdeCat, ha comentado que espera que la Moncloa no apruebe otro estado de alarma tras las elecciones en Madrid, que se tienen que celebrar el 4 de mayo.

El presidente del Gobierno, que ha salido tras el Consejo de Ministros en rueda de prensa, ha descartado la idea de acometer ninguna reforma legislativa con ese objetivo ya que considera que en estos momentos, con un ritmo de vacunación de 500.000 dosis diarias, el "escenario es completamente distinto" al del año pasado. Además, ha destacado que las decisiones que tome el Consejo Interterritorial, donde están representadas las autonomías y el Ejecutivo, tiene capacidad para llegar a acuerdos de obligado cumplimiento para todos los territorios, aunque ha admitido que esas medidas seguirán estando bajo el control de "los tribunales superiores de justicia, como no puede ser de otra manera".

Críticas de aliados

El PP, que lleva un año exigiendo "un plan b jurídico al estado de alarma", se ha visto hoy arropado por el resto de partidos. Cuca Gamarra, la portavoz parlamentaria, ha lamentado una vez más que no se hayan hecho las reformas necesarias para no recurrir a ese instrumento excepcional y no ha querido aclarar qué haría su partido si Sánchez finalmente decidiera prorrogar el que está vigente.

Gamarra ha acusado al jefe del Ejecutivo de usar la pandemia "como arma electoral", primero en Cataluña, ha dicho, en referencia a que le pareció bien que se votara el 14 de febrero pese al alto número de contagios, "y ahora en Madrid". Según los conservadores, la Moncloa está aprovechando el aumento de vacunas para la campaña de los socialistas y ha utilizado "la mentira" contra Isabel Díaz Ayuso (PP), al acusarla de falsear las cifras de contagios, algo que no ha apoyado el portavoz oficial del covid, Fernando Simón.

El primero del martes, el PNV

A primera hora de este martes, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha expresado en una entrevista la necesidad de "instrumentos legales" que tienen las autonomías para "dar cobertura y seguridad jurídica a todas las acciones" que se lleven a cabo tras el 9 de mayo. Horas después, ya en el Congreso, la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha pedido a Sánchez que "busque una alternativa jurídica y política" o estará "obligado a prorrogar el estado de alarma".

Su homólogo en Más País, Íñigo Errejón, se ha mostrado "atónito" ante el hecho de que Sánchez vaya a comparecer este miércoles en el Congreso y aún no se sepa "qué va a decir". "Al Gobierno le corresponde traer una alternativa", ha reivindicado a renglón seguido. Por su parte, su compañero de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado que "lo más razonable del mundo" sería que el jefe del Ejecutivo convocara la Conferencia de Presidentes autonómicos para tomar una decisión conjunta.