Las autoridades españolas representadas por la abogacía del Estado manifestaron al Tribunal General de Justicia de la Unión Europea "expresamente" que la euroórdenes cursadas contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de huidos que había sido elegidos eurodiputados "estaban suspendidas", según se refleja en el auto del pasado 30 de julio en el que el tribunal europeo descartó mantener de forma cautelar la inmunidad que les había levantado el Parlamento europeo. El problema es que el único que puede suspender o retirar una euroorden es el magistrado que la dictó y en este caso el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena nunca lo hizo, informaron a este diario fuentes jurídicas.

Eso es lo que ha propiciado el arresto del expresidente catalán, porque al llegar en avión a Cerdeña su nombre hizo saltar la alerta de la orden en curso. La detención no se comunicó hasta este viernes al Tribunal Supremo, que la víspera no pasó de un conocimiento extraoficial.

La resolución afirma en su punto 55 que "las autoridades españolas manifestaron expresamente que dicha solicitud pedía la suspensión de las órdenes de detención nacionales dictadas contra los demandantes y conllevaba la suspensión de cualquier procedimiento de ejecución de una orden de detención europea que pudiera haberse iniciado. También afirmaron que ningún tribunal de la Unión Europea podía ejecutar las órdenes de detención europeas en litigio hasta que el Tribunal de Justicia se pronunciara". No obstante, concluía con la advertencia de que si era arrestados, se volvieran a dirigir al tribunal.

Hasta resolver sobre Puig

Con esa argumentación, el tribunal europeo afirmaba respecto a la solicitud de Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín que "en estas circunstancias, debe concluirse que, mientras el Tribunal de Justicia no se haya pronunciado en el asunto" sobre Lluís Puig "nada sugiere que las autoridades judiciales belgas o las autoridades de otro Estado miembro pudieran ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los demandantes y poder entregarlas a las autoridades españolas".

Preguntada al respecto, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha manifestado en un viaje a Asturias que lo que debe hacer ahora el Gobierno es "respetar las decisiones judiciales, los procedimientos y los tiempos". No sabemos qué resoluciones van a adoptar las autoridades judiciales", de modo que "no podemos aventurar cuál va a ser el resultado de la detención del ciudadano Puigdemont, cómo va a quedar esa situación y no podemos saber cuál será el siguiente paso", aseguró.