Dice el artículo uno del Estatuto de la Fiscalía que “El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley”.
Pues no lo parece. La Fiscalía ha comunicado el próximo cierre de las tres diligencias de investigación al Rey emérito. Ha dicho también por qué. Porque fue inimputable hasta que abdicó en junio de 2014. Porque ha presentado dos regularizaciones tributarias y porque algunos años estarían prescritos. Ese anuncio compromete gravemente la apariencia de legalidad y de igualdad de trato de los ciudadanos.
Que el Rey emérito era inimputable hasta mediados de 2014 era sabido, y no por ello se dejó de abrir tres diligencias de investigación: la primera, el cobro de 100.000.000 de dólares de la monarquía saudí, por presuntas comisiones del AVE percibidas de empresas españolas. Según Corinna Larsen, Juan Carlos I habría cobrado una comisión a cambio de rebajar un 30% la oferta del consorcio español que se adjudicó las obras del AVE entre La Meca y Medina. La segunda, la utilización de tarjetas de crédito opacas con cargo a fondos propiedad del amigo empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Y la tercera, los 10 millones de euros descubiertos en Jersey por el servicio de prevención del blanqueo de capitales, propiedad de la Fundación Zagatka, cuyo beneficiario efectivo sería el propio emérito.
Respecto a la prescripción debo decir que el delito de blanqueo de capitales y la modalidad agravada de delito fiscal prescriben a los diez años. Luego no puede haber prescrito ninguna conducta perseguible por esos dos delitos desde que abdicó en 2014. Incluso el IRPF de 2014, mientras era inimputable, es perseguible por la Fiscalía pues ese impuesto se declara hasta el 30 de junio de 2015. Es entonces, ocultando rentas en esa declaración, cuando se comete el delito: cuando ya no era inimputable. Esa hipotética conducta prescribiría en junio de 2025.
Y respecto a sus declaraciones complementarias, la propia Fiscalía entra en contradicción con lo que nos contó a todos los españoles: que el abogado del Rey, Javier Sánchez-Junco, fue notificado de que estaba siendo investigado por tres veces, los meses de junio, noviembre y diciembre de 2020; incluso fue invitado a que se personara en los procedimientos abiertos. Luego o bien mintió la Fiscalía o bien hay dudas razonables de que las dos regularizaciones abonadas por el emérito sean espontáneas y le libren de la comisión de los delitos. No se conoce una actuación tan parsimoniosa de la Fiscalía con ningún otro ciudadano.
Y no es la primera vez que la Fiscalía hace el paripé. Durante los varios años que trascurrieron mientras se practicaban las diligencias de investigación, la Fiscalía nunca presentó querella ante el Tribunal Supremo. Siempre actuó con evasivas, evitando emplazar con certeza al Rey y así permitió que presentara esas dos regularizaciones tributarias.
Pero lo más insólito es que ese anuncio se produce antes de que se reciban las contestaciones a las comisiones rogatorias cursadas por la propia Fiscalía a otras jurisdicciones extranjeras. En otras palabras, la Fiscalía aduce la falta de pruebas para imputarle pero no espera a conocer esas pruebas requeridas mediante comisiones rogatorias. Las comisiones rogatorias se cursaron por los delitos de blanqueo, fiscal, cohecho y tráfico de influencias.
"Existen sólidos indicios de que el Rey emérito cometió delitos gravísimos y hay consenso en que su conducta fue inmoral"
En España hay consenso en que su conducta fue inmoral y decepcionante. Efectivamente, que el Rey haya forjado su enorme fortuna con el tráfico de armas es inmoral y demoledor. Pero, además, hay sólidos indicios de que cometió delitos gravísimos que en cualquier país civilizado son objeto de investigación y denuncia a un juzgado penal. Esto no atañe a la moral, atañe a la Ley. Pero sobre esto ya no hay consenso: un muro de protección, de silencio y de complicidad se levanta protegiendo su persona. Ese muro lejos de proteger al sistema lo desarbola.
Por eso este asunto es de una enorme gravedad y no va de ser monárquico o republicano. Este asunto va de si somos una monarquía parlamentaria homologable como la holandesa, la belga o la danesa, o si por el contrario somos una república bananera disfrazada de monarquía europea, porque la Ley no es igual para todos en España. Ya que si fuera cierta la nueva afirmación de la Fiscalía, según la cual las regularizaciones impiden el proceso penal, entonces fue su pasividad la que convirtió el derecho a la excusa absolutoria de quien regularice su situación tributaria antes de que se inicien actuaciones con conocimiento formal por el infractor, en un auténtico privilegio, conculcando el principio de igualdad ante la Ley. Sí o sí, la Fiscalía es culpable y omite su obligación de servir a la Ley y al interés general.
Esto no sólo presenta una vis devastadora para los ciudadanos que pagan sus impuestos. También presenta una vis devastadora para quienes no los pagan y, a diferencia del emérito, cumplen pena de prisión por delito fiscal.
El daño reputacional al deber jurídico y moral de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos es incalculable. La gravedad de la conducta se acrecienta por la identidad la institución involucrada: la Fiscalía ostenta el mayor poder de injerencia en la esfera patrimonial y personal de los ciudadanos que pueden verse arruinados patrimonialmente o privados de libertad deambulatoria.
Por consiguiente en la actualidad tenemos un grave problema de transparencia, de legalidad y de igualdad ante la Ley. Y en el pasado no fue siempre así. En 2013 la Unesco reconoció la Cortes de León de 1188, en el Programa Memoria del Mundo como “el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo”. Nuestro país fue pionero en el mundo. Las Cortes se constituyeron con el clero, la nobleza y los representantes de las ciudades. En ellas se reconocen derechos asombrosos para aquella época, como la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia, la necesidad de convocar Cortes para hacer la guerra o declarar la paz, y para imponer tributos. Había nacido el principio de legalidad tributaria. Los impuestos se imponen y recaudan de acuerdo con una ley aprobada en las cortes, sujeta al principio de igualdad.
Entonces, en el Reino de Asturias, Galicia y León se creó la primera constitución medieval. Y desde aquella los impuestos en España se rigieron por la Ley.
Por eso, cuando la Fiscalía en lugar de procesar al rey emérito por delito fiscal, cuando mira para otro lado, no sólo retuerce el hocico; también nos devuelve a la Edad Media.
