La unión hace la fuerza. Bajo esa premisa trabajan la comunidades loberas –Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León–, con el objetivo de que el Ministerio de Transición Ecológica dé marcha atrás en su decisión de declarar la protección del cánido y en consecuencia no extienda la prohibición de su caza a todo el territorio, ya que hasta ahora las batidas controladas están autorizadas en las zonas al norte del río Duero.

Para tratar de ejercer una mayor presión sobre el acuerdo sin consenso promovido por el departamento que dirige Teresa Ribera, el Noroeste ha logrado sumar a su batalla a otras cinco comunidades (País Vasco, Aragón, Madrid, Murcia y Andalucía) y a la ciudad autónoma de Ceuta. Ahora la Xunta trata de buscar el apoyo también de los ayuntamientos. Para ello, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, invitó ayer a la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) a adherirse y apoyar el contenido de la carta abierta, que las comunidades del Noroeste ya remitieron al Ministerio para la Transición Ecológica y al Ministerio de Agricultura, con el fin de frenar la inclusión del lobo en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lesrpe).

La conselleira solicitó a la Fegamp que dé traslado del contenido de este manifiesto a los ayuntamientos gallegos y puedan conocer de primera mano los motivos por los que la Xunta solicita al Estado una reflexión sobre las consecuencias de incluir esta especie en el Lesrpe.

Vázquez adelantó que el Ejecutivo autonómico intentará que otras administraciones, entidades, organismos y colegios profesionales se sumen al escrito en el que se reconoce la disposición de las comunidades a gestionar el lobo ibérico, pero desde lo respeto al mundo rural.