A Silvia, que reside en Vigo desde que hace dos décadas cambió Guatemala por Galicia, se le quiebra la voz a medida que entra en detalles de su historia, que es la de miles de familias en riesgo de quedarse sin más techo sobre sus cabezas que el cielo. Hace unos años sufrió un desahucio, pero gracias a las ayudas públicas logró cobijo, un piso en alquiler que costea gracias al bono alugueiro de la Xunta. Pero los retrasos de esta en los pagos al propietario le quitan el sueño y agrietan sus nervios. “Sin ayuda, no tendríamos casa. La situación es muy difícil. Durante el COVID mi hija y yo llegamos a pasar hambre”, relata.
El coste de la vivienda en alquiler no ha dejado de crecer, dificultando a las personas con trabajos precarios o en el paro acceder a un piso en condiciones. Durante el último lustro, por ejemplo, la renta media en Galicia se disparó un 21% y el año pasado, en plena pandemia, los contratos de más de 600 euros aumentaron un 11%.
Ahora imaginen afrontar esa situación con los menos de 200 euros que Silvia logra trabajando como limpiadora. “No quiero pasar por lo mismo”, se rompe al recordar su desahucio, producido cuando se enfrentaba a un mioma, y al exigir a la Xunta que se ponga al día con su propietario. Este recibe casi 360 euros mientras que ella aporta 12 para completar el coste de su piso. “Me siento mal por él. Yo me comprometí a no fallar, pero esto no depende de mí”, prosigue. De los 720 euros que debería haber abonado ya, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) solo ha aportado 170, cifra Silvia, que se deshace en agradecimientos a una vecina. “Pasamos hambre, llegué a deberle a una señora 400 euros de comida. Comimos gracias a ella”, cuenta.
La Risga, salvavidas de Juan y su esposa
La situación también es crítica para Juan y su esposa, ambos residentes en Vigo y dependientes también de la renta de inclusión social de 600 euros que ella recibe. Víctimas también de un desahucio hace cinco años, la falta de oportunidades laborales ha causado un drama familiar, pues sus hijos duermen en un centro social y pueden verlos solo tres días a la semana. “Necesitamos un trabajo para salir del círculo de la pobreza”, clama Juan, que prefiere no ser identificado en la foto porque tras aparecer en prensa hace unos años antes del desahucio aumentaron sus problemas para encontrar un nuevo piso.
Su salvavidas fue la organización Provivienda, que les gestionó acceso al bono alugueiro y a otras ayudas municipales. “Antes poníamos 110 euros y ahora nos pagan los 310 euros del piso”, dice.
Esta asociación lucha por facilitar el acceso a una vivienda de la población y alza la voz de alarma con la avalancha de problemas que generará la crisis del COVID y la falta de medios públicos para atajarla. Un ejemplo es la vivienda pública en alquiler. Pese a la emergencia, los ERTE y el aumento del paro y del bum del alquiler, los solicitantes de un piso con una renta protegida descendieron el año pasado, pasando de 12.717 en febrero del año pasado a 12.324 el mes anterior.
¿Por qué? “La gente que llega a nuestra asociación necesita una vivienda de forma urgente, no dentro de un año o más tiempo. Muchos demandantes de un alquiler protegido no renuevan el trámite porque tras años apuntados nunca han conseguido que los llamen”, explica Ana Pardo, trabajadora social de Provivivenda. A Juan y su esposa, por ejemplo, no los llamaron tras estar apuntados cuatro años en la citada lista, aunque sí lograron el bono alugueiro, que contempla ayudas de 175 a 225 euros mensuales, si bien el año pasado se completó de forma extraordinaria por parte de la Xunta para financiar el 100% de la renta en los casos de mayor riesgo social.
Cuando llamaron a Juan para ofrecerle un alquiler protegido, este se topó con un problema. “No nos la conceden porque no estamos casados. Nosotros lo estamos por el rito gitano, a ver si lo solucionamos”, cuenta él.
La oferta es escasa, pero, además, lograr una renta protegida no está al alcance de todos. “Mucha gente no se entera de las revisiones que hay del censo, pero además en casos graves carecen de los ingresos mínimos exigidos (377 euros mensuales) o de dinero para luz, agua, muebles... Además, la oferta de vivienda social es muy baja. Cada vez menor”, apunta Marisé Paz, trabajadora social especializada en este ámbito.
Cae la demanda de alquileres protegidos, pese a la subida de precios
La falta de oferta suficiente y confianza en el modelo, así como la desinformación, han forzado a medio millar de familias a desistir de su intención de conseguir alquilar un piso protegido, lo que rebajaría el precio de la vivienda en un mercado de arrendamiento que continúa creciendo. En febrero de 2020, el registro de demandantes contaba con 12.717 solicitantes de vivienda protegida en régimen de alquiler. El mes pasado la cifra era de 483 menos, lo que trabajadoras sociales vinculadas a colectivos con problemas en este terreno vinculan a un modelo que no funciona, a pesar de las viviendas vacías que existen en la comunidad. La Xunta tampoco ayuda, pues el desplome de las construcciones de vivienda protegida ha sido constante desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia de la Xunta en 2009, si bien coincidió con la crisis financiera mundial que obligó a contener el gasto público. Eso sí, se detectó un ligero repunte en 2019 de estas construcciones, que pueden ser se iniciativa pública o privada. En 2010 se iniciaron en Galicia 2.965 viviendas protegidas y se finalizaron 2.261, pero entre 205 y 2018 solo se iniciaron 16 y se concluyeron 203. En 2019, recibieron el último ladrillo otras cuatro, pero al menos se iniciaron 65, según los datos del Instituto Galego de Estatística.
