A mediados de noviembre, una vecina de Vigo recibió la comunicación de que había derrotado judicialmente a un fondo buitre, que no solo no logró recuperar los 5.859 euros que le exigía por la deuda de una tarjeta revolving (que permite créditos rápidos para ir refinanciándolos), sino que los intereses excesivos fueron condenados por la justicia y la firma Hoist Finance Spain S. L. fue obligada a pagarle a esa persona 6.000 euros, pues entendía que era un contrato abusivo y que los tipos de interés aparecían en unas líneas de un milímetro. Batallas de este tipo planteadas por fondos de inversión que compran paquetes de deuda de personas con dificultades económicas a bancos tradicionales están inundando los juzgados gallegos, hasta el punto de que los litigios exprés por esta cuestión batieron el año pasado el récord de la última década. Pese al parón judicial por el COVID, los monitorios alcanzaron los 40.267, 10.000 más que siete años antes y 1.227 más que en 2019.
Este mecanismo es una vía rápida para reclamar deudas en sede judicial, pero sin entablar una demanda, ofreciendo como ventajas el ahorro de tasas y de los honorarios de procurador y abogado, necesarios en un juicio, pero no para registrar un monitorio. El coste administrativo se rebaja a 100 euros, por lo que muchos particulares y comunidades de vecinos optan por esta elección para reclamar deudas.
Sin embargo, el auge de los últimos años está vinculado a los préstamos rápidos y las tarjetas revolving, que a cambio de permitir una rápida disposición de efectivo conllevan intereses de hasta un 25%. Los afectados acaban en un hoyo de deudas y ante la imposibilidad de cobrar, los bancos venden paquetes de deuda a fondos buitre, que usan los monitorios para lograr beneficio. “Presentan paquetes de 100 o 200 de golpe”, destaca el abogado vigués David Alfaya, especialista en estos conflictos.
Pero, ¿por qué usan esos fondos los monitorios y no las demandas tradicionales? El motivo radica en las características de este litigio exprés, reservado para deudas “líquidas, determinadas, vencidas y exigibles cuando dichas deudas consten en algún tipo de documento”.
Una vez presentado, se activa una cuenta atrás. Si el deudor no comparece tras la reclamación o no se opone, el juzgado le da la razón automáticamente al reclamante y embarga bienes al primero si no paga en 20 días. Si el deudor rechaza el monitorio, solo queda la vía judicial.
“Mucha gente desconoce qué son los monitorios y no se oponen, así que los fondos buitre se garantizan embargos para cobrar. Siempre hay que oponerse para que no se ejecute el embargo. En el peor de los casos se gana tiempo, pero es que además hay muchas opciones de ganar un juicio”, comenta Alfaya, con experiencia en este tipo de procesos. “A veces tardan dos años, pero los monitorios acaban llegando”, añade.
Los problemas económicos y la espiral de deuda abocan a muchos ciudadanos a suscribir créditos rápidos o asumir tarjetas revolving que se acaban convirtiendo en una losa. “Pides, por ejemplo, 1.000 euros y cada mes vas devolviendo 100, pero estás pagando solo intereses, que son abusivos, y la deuda va creciendo. Mientras la gente puede cumplir los pagos, no pasa nada, pero acaba estallando. Normalmente sucede cuando la deuda está entre los 40.000 y los 50.000 euros”, relata Alfaya sobre un via crucis que afecta cada vez a más gente.
Sin recursos, los ciudadanos no pueden pagar y los bancos no cobran, así que optan por vender su deuda. “Hay fondos buitre que adquieren paquetes de deuda por un 10% u otro porcentaje de su valor. Lanzan masivamente monitorios y, como mucha gente no se opone, ejecutan muchos embargos, así que salen ganando”, explica.
Esta situación ha causado un repunte de los monitorios en Galicia a niveles que se acercan a los de 2010.
Durante el año pasado, los juzgados gallegos registraron 40.267 monitorios, 1.227 más que durante 2019, lo que supone un crecimiento del 3%.
“Cuando la deuda llega a 50.000 euros, la situación en casa explota”
La deuda causada por tarjetas revolving y créditos rápidos sume a los clientes en una espiral de problemas económicos que suele acabar en los juzgados. “Cada vez detectamos más gente endeudada y se ha acentuado durante el confinamiento. Cuando no pueden afrontar las cuotas de las tarjetas, optan por préstamos rápidos de 300 o 1.000 euros y la situación se descontrola”, comenta David Alfaya. La clave es llegar a los juzgados, bien acogiéndose a la ley de segunda oportunidad para quiebras familiares, bien denunciando cláusulas abusivas de los contratos crediticios. Para ello, es imprescindible rechazar el monitorio. “Hasta ahora, diría que el 80% o el 90% no se respondían y se pasaba directamente a la ejecución. Pero es que si te opones hay muchas papeletas de ganar. Por ejemplo, a veces no se justifica bien la deuda por parte del fondo buitre. Un fondo de Luxemburgo que compró un paquete de deuda te reclama 5.000 euros porque el banco que se la vendió le da esa cifra, pero hay que explicar cada euro”, relata el letrado.
Además, siempre está la opción de pleitear por intereses de usura, que oscilan entre el 20 y el 25%, un camino abierto por el Tribunal Supremo el año pasado. Si el juez anula esos intereses tan altos, la deuda puede quedar prácticamente cancelada o incluso salir beneficiado el ciudadano, pues lo que estuvo pagando correspondía básicamente a intereses y no al capital. Las personas envueltas en estas situaciones deben evitar acudir a fórmulas crediticias rápidas y con altos intereses, pero si lo hacen, mejor no refinanciarlas.
“He visto casos de 5 o 6 tarjetas revolving y 8 préstamos. Si se puede recibir ayuda de un familiar, es mejor cancelar cuanto antes el préstamo. A veces se empieza con pagos de 50 o 100 euros y se acaban recibiendo cuotas que suponen el 100% de los ingresos”, explica. Un préstamo de 3.000 euros puede convertirse en una losa de 50.000, “que es cuando explota”.
