Galicia dará un paso más en la protección de las víctimas de violencia de género, al considerar como tales a los progenitores que pierdan a sus hijos a manos de sus parejas. El BNG logró ayer unanimidad en el Parlamento gallego para modificar la legislación y considerar víctimas a quienes padezcan la “violencia vicaria”, amparándolas para recibir ayudas económicas, sociales, laborales y/o psicológicas.
La violencia vicaria se define como “aquella violencia ejercida sobre los hijos o hijas para herir a la mujer, en continuación, en muchas ocasiones, de una violencia ejercida contra la madre, causando el daño a través de persona interpuesta y que alcanza su grado más elevado de crueldad y de expresión con el homicidio o asesinato de los/las hijos/as”. Así arranca la propuesta de ley del Bloque para modificar la norma de 2007 sobre prevención y tratamiento de la violencia de género, cuyo cambio ya había acordado la líder nacionalista, Ana Pontón, con el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo. Los socialistas se sumaron a la iniciativa en la sesión plenaria de ayer.
De esta forma, se considerará víctima violencia de género al progenitor que pierda a sus hijos a manos de un homicidio o asesinato por parte de su cónyuge o pareja, aunque no conviviesen en el mismo domicilio. En la mayor parte de situaciones, la víctima es la madre.
Además, la norma, cuyo cambio será aprobado antes de final de año, tendrá carácter retroactivo. Cuando entre en vigor, por tanto, quienes hayan sufrido esa tragedia recibirán trato de víctimas de violencia de género.
“Lo que hoy me trae a esta tribuna es la forma más cruenta y retorcida de violencia machista: aquella que se ejerce contra la vida de los hijos e hijas con intención de hacer el mayor daño posible a la mujer”, expuso Pontón desde el estrado. Consideró un “imperativo ético” dar cobertura a las víctimas, aunque pidió más medidas como ayudas específicas para terapias psicológicas o para gestiones legales, así como para acceder a la vivienda.
PP y PSdeG se sumaron a la propuesta. La popular Paula Prado, cuyo grupo tiene mayoría absoluta, avanzó incluso una mejora respecto al texto inicial, que ayer inició su tramitación. En este proceso, propondrán “que también los familiares director de las víctimas mortales por violencia vicaria, relacionados con el segundo grado de consanguinidad con la víctima de violencia machista, tengan esa consideración”, en alusión a los hermanos de los fallecidos.
Por su parte, la socialista Noa Díaz destacó el carácter “retroactivo” de un cambio legal para arropar a mujeres “asesinadas en vida desde el día en que mataron a sus hijos”, informa Efe.
Ropa de “leopardo” contra los ataques a Elena Candia
El machismo ha marcado parte de la agenda en los últimos días, tras la emisión de Land Rober en la TVG de una encerrona a una joven para que aceptase volver con su novio y de que ella revelase que lo había dejado por sus celos y el control de su móvil. Ayer, los partidos cerraron filas para considerar como víctimas de violencia de género a quienes sufran violencia vicaria, pero se mantuvo la tensión debido a las declaraciones del presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé, que se refirió así a la líder del PP en la institución “Con respecto a Candia, con su vestimenta y su aspecto de leopardo que tenía ayer, sinceramente, daba la imagen del vaquero americano que entró en el Capitolio en Estados Unidos”. Las diputadas del PP, incluida Candia, reaccionaron presentándose en la Cámara con estampados animales para rechazar ese comentario “machista”, censurado por Pontón (BNG) y Díaz (PSdeG).
El PP tumba una investigación de una caja B en Galicia
El PP tumbó gracias a su mayoría absoluta una iniciativa del BNG respaldada por el PSdeG para constituir una comisión de investigación sobre la denominada caja B de los populares a nivel estatal y su relación con el partido en Galicia ya durante el liderazgo de Feijóo. En su última declaración, Luis Bárcenas, extesorero del PP y condenado por corrupción, declaró en sede judicial que los populares gallegos habían enviado 50.000 euros al cuartel general de la calle Génova para subsanar una deuda cuando Feijóo ya capitaneaba la formación. La oposición alegó esa declaración para exigir una investigación parlamentaria. El nacionalista Luís Bará lamentó el veto del PP, porque sus diputados “deberían ser los más interesados en que esto se haga para desvincularse de esas prácticas corruptas”. Además, acusó al partido de Feijóo de “acudir dopado” a las elecciones de 2005 y 2009, informa Efe. En la misma línea, el socialista Pablo Arangüena exigió a la Xunta “transparencia y garantías de que ni un duro de esos fondos [de la UE para la reconstrucción económica] acabará en Suiza o en Panamá“. Al mismo tiempo, alegó que su partido condena las prácticas corruptas en su propio seno. Por su parte, el popular Alberto Pazos justificó su rechazo recordando que las cuentas del partido se han sometido al “examen microscópico de la justicia” y todas las pruebas fueron estudiadas con el resultado de “cero requerimientos a la justicia, cero imputaciones y ni siquiera una citación en calidad de testigo” de alguien del PPdeG.
