El Tribunal Supremo acaba de dar la razón a la Xunta en su demanda contra el Gobierno central por la liquidación pendiente del IVA del mes de diciembre de 2017. Son 204 millones de euros que la comunidad gallega no había recibido, como tampoco ninguna otra autonomía, y por la que se emprendieron acciones legales. A finales del pasado mes, el Supremo ya había respaldado la postura de la Junta de Castilla y León frente al Estado por el mismo asunto y hoy ha avalado también la postura gallega, según ha avanzado desde Portugal el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
“Es una excelente noticia. Teníamos razón. No tiene sentido que el IVA que se había recaudado en Galicia no repercutiera en la hacienda pública autonómica. Por fin el Tribunal Supremo ha puesto equilibrio. Espero que el Gobierno central aprenda, que no puede hacer lo que le venga en gana”, ha declarado Feijóo en Oporto.
“Los 200 millones son muy buenos para nuestra economía en un momento muy complicado por la bajada de la recaudación por motivo de la pandemia y bien vale la pena defender lo que creemos”, ha añadido.
El origen de este conflicto está en un cambio impuesto por el Gobierno de Rajoy sobre el sistema de información del IVA, que hizo que el último mes del año 2017 quedara sin transferir a las comunidades autónomas.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez había informado en 2019 que con los presupuestos prorrogados no se podía abonar la recaudación de lVA y el pasado año notificó oficialmente que la deuda se tenía que pagar en un plazo máximo de dos años, pero que no se pudo hacer porque el proyecto de presupuestos socialistas no superó la tramitación, que era el sistema por el que el Gobierno pretendía resolver la liquidación. Así que esta negativa a saldar la deuda llevó a las comunidades a recurrir a la vía judicial. Galicia presentó su recurso en agosto del pasado año.
