El cerco a los fumadores se estrecha y la pandemia ha contribuido a ello. Si en 2006 la primera legislación estatal antitabaco acababa con la barra libre del humo en el interior de los locales de ocio y restauración y remitía a disponer de zonas separadas para cumplir con fumadores y no fumadores, en 2010 los cigarrillos quedaron definitivamente expulsados de los templos interiores de la gastronomía. Solo se hicieron fuertes en las terrazas e incluso esta posibilidad quedó sesgada por el COVID, cuando el año pasado Galicia limitó la posibilidad de fumar en exteriores a poder mantener en todo momento una distancia de dos metros.
Pero no todo el mundo se lo ha tomado al pie de la letra. Hasta en un contexto de pandemia, que incluyó un confinamiento de varios meses y cierres y limitaciones horarias en la oferta hostelera y mucho más en la del entretenimiento nocturno, en Galicia se llegaron a imponer durante el año pasado una media de cuatro sanciones por semana por sacar el cigarrillo donde no tocaba. Aunque 161 de los 360 expedientes gestionados por la Consellería de Sanidade durante el pasado ejercicio que finalizaron en una multa no se habían iniciado el pasado año, sí se da esa circunstancia en los 199 restantes, de ahí la cifra de cuatro multas semanales por incumplimiento de la ley antitabaco.
Además, casi una veintena (19) de esos expedientes que acabaron suponiendo un desembolso para el bolsillo del infractor se correspondieron con infracciones de carácter grave y, por tanto, con sanciones en consonancia, que parten de una cantidad mínima de 601 euros. Las infracciones graves, entre las que se encuentra el que el dueño de un local permita fumar donde no se puede, no suponen la mayoría de los expedientes. En general suelen predominar las leves, como puede ser el que alguien se encienda un cigarrillo donde no debe. Si se trata de un hecho aislado, esto puede suponer 30 euros.
Aunque la Xunta no especifica qué infracciones en concreto dan origen a todos los expedientes sancionadores que acaban pasando factura al bolsillo del afectado al cabo del año, sí da una pista el conocer cuáles son las reclamaciones más frecuentes por parte de ciudadanos o los motivos más habituales tras los expedientes que se abren en las inspecciones.
Más de la mitad de las reclamaciones que llegan a la Consellería son por dejar fumar en lugares prohibidos, mientras que el grueso de las tareas fiscalizadoras de la administración que deparan actuaciones administrativas tienen que ver con la decisión de hacerlo en donde no se puede. Por esa razón se iniciaban el año pasado 84 expedientes sancionadores de los que 73 se resolvieron con multa.
Con todo, las inspecciones han sido muchas menos que en 2018, por ejemplo. Aun así, en Sanidade constan más de mil, centradas sobre todo –en la mitad de los casos– en bares y restaurantes. Ya en 2019, la ministra de entonces del ramo, María Luisa Carcedo, cuestionaba por ejemplo que la hostelería estaba entendiendo el concepto de terrazas de forma un tanto laxa, mientras los dueños de locales se declaraban cansados de estar en el punto de mira. Este año llegó a estar sobre la mesa del Gobierno el proponer prohibir fumar en terrazas incluso cumpliendo la distancia de seguridad interpersonal.
