La prohibición de cazar lobos entra mañana en vigor. El Boletín Oficial del Estado, en su publicación de hoy, los ha incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). A partir de ahora, perseguir y matar a estos cánidos está tipificado como delito en el Código Penal con penas de seis meses a dos años de cárcel. Las organizaciones ecologistas aplauden la decisión, pero las comunidades del norte de España –Galicia entre ellas– la rechazan de plano y ya anunciaron que la recurrirán en los tribunales para intentar dejarla sin efecto. Para los ganaderos también habrá consecuencias inmediatas, porque la orden de protección cierra el grifo a las ayudas públicas que recibían hasta ahora para compensar los daños producidos por los ataques del lobo.
La caza del canis lupus estaba permitida al norte del Duero, donde se encuentra en situación favorable, mientras que ya estaba prohibida al sur de este río, donde las poblaciones ya estaban incluidas en el Lespre. No obstante, la orden del Ministerio de Transición Ecológica permite algunas excepciones –inicialmente no previstas en la tramitación previa– para capturar lobos, pero los requisitos son tan exigentes que en la práctica hacen improbable que se puedan cazar.
Indignación en la Xunta
Nada más conocerse la publicación en el BOE, la Xunta salió a escena para censurar una decisión que, a su criterio, “carece de sentido” en una comunidad como Galicia, en la que –argumenta– residen 90 manadas y además ha sido capaz de alcanzar un “equilibrio” entre la protección de la especie y los intereses de los ganaderos.
“Sorpresa, indignación y frustración” fueron las palabras empleadas por la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, para referirse a la orden ministerial. Y fue ella la que desveló que el nuevo régimen de protección bloquea la concesión de ayudas públicas a los ganaderos víctimas del ataque de los lobos. “No hay manera de que ningún organismo pueda ayudarles”, enfatizó la conselleira.
La decisión del Ministerio de Transición Ecológica no suprime directamente las subvenciones para paliar los daños, pero las condiciona a que los ganaderos tengan implantados planes de prevención específicos, algo que a juicio de la Xunta resulta inasumible por los altos costes, máxime en una orografía como la gallega y con las singularidades de sus granjas.
“Las medidas de protección son inasumibles. Cercados de dos metros de altura, puertas específicas, porches... costes totalmente inasumibles”, destacó Ángeles Vázquez.
"Situación intolerable"
El sindicato Unións Agrarias calificó de “intolerable” la situación y emplazó a Xunta y Gobierno ponerse de acuerdo para habilitar una nueva línea de ayudas.
El pasado año en Galicia se contabilizaron 2.400 reses atacadas –700 de ellas, vacas– por lobos en Galicia y la Xunta dispuso de un fondo de casi 650.000 euros para compensar a los ganaderos por los daños.
El Ejecutivo gallego anunció que de forma inmediata presentará un recurso y solicitará en los juzgados medidas cautelares para dejar sin efecto la orden de protección del lobo. En esta actuación, Galicia irá de la mano con Asturias, Castilla-León y Cantabria, dado que las cuatro autonomías –que albergan al 90% de la población de canis lupus residente en España– están en contra de la prohibición de cazar lobos. Pero presentarán las impugnaciones por separado después del “año perdido”, en boca de Ángeles Vázquez, en el trataron de convencer al ministerio de la “situación real” del lobo en sus territorios.
Nueva estrategia de protección
Con la orden publicada ayer en el BOE decaen automáticamente los planes autonómicos de control de la especie y se establece que las comunidades y el ministerio elaboren y aprueben antes del 31 de diciembre una nueva estrategia de conservación y gestión del lobo en España que actualizará la que está en vigor. El Gobierno se había comprometido a aprobar esta estrategia antes de prohibir la caza del lobo, pero no lo ha hecho.
Capturar estos cánidos será posible en adelante, pero como estricta excepción: si una autonomía ya lo tenía previsto antes de ayer; si no existe otra solución satisfactoria, es decir, si las explotaciones afectadas han aplicado adecuadamente medidas preventivas y estas han resultado ineficaces; o si no afecta negativamente al estado de conservación favorable de la especie y si se justifica la existencia de “perjuicios importantes para el ganado en las explotaciones afectadas”, es decir, daños recurrentes o significativos.
