En principio, la negociación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica se abrirá el próximo mes de noviembre, cuando el Ministerio de Hacienda presente un primer informe en el que se abordarán los criterios de población ajustada y su definición, una pieza capital para calcular el reparto de fondos entre las comunidades. El sistema vigente está prorrogado desde 2014 y el escenario político actual no invita, por su crispación, a ser optimista en las negociaciones. Porque no se trata ya solo de acomodar los intereses de las comunidades, sino que incluso hay alianzas interterritoriales donde PP y PSOE van de la mano con propuestas distintas a las de su mismo partido en otros lugares. Esta situación llevó ayer a que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reprendiera tanto a PP como a su partido, el PSOE, para que al menos tuvieran una postura común en el seno de sus formaciones políticas.

“¿Cuál va a ser la posición del PP, quizá en este caso la de la Comunidad de Madrid que está más alineada con la posición de los partidos catalanes que, por ejemplo, con Andalucía o Galicia? Así podría poner toda una serie ejemplos también en el interior de mi propia formación política”, expuso Montero durante su comparecencia en el Congreso para hablar sobre la reforma de la financiación autonómica.

En este contexto, apeló al consenso entre el PP y el PSOE, partidos de ámbito nacional que tienen responsabilidades de poder en gran parte de las autonomías. “Es obvio que aquellos partidos que representan solo una parte del territorio tienen una posición más definida, pero los partidos que tenemos carácter generalista, si me permiten esta expresión, necesitamos también en el interior de nuestras formaciones políticas acordar una posición que sea la misma en todos los territorios”, añadió Montero.

Según la ministra, en España ya hay tres bloques diferenciados de comunidades autónomas que defienden criterios distintos.

Por un lado, están Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón, que “defienden que en su territorio se afronte el reto demográfico con mayor intensidad y que se tenga más en cuenta la dispersión de población”.

Otro grupo de regiones son Andalucía, Murcia y Valencia, que defienden “claramente” una reforma que nivele las diferentes del actual sistema dado que por población ajustada “tendrían una mayor capacidad de tener los recursos suficientes”.

Y por último, se encuentran Baleares, Cataluña y Madrid, “que son de signo político muy distinto” y que quieren tener en cuenta el “denominado principio de originalidad en la aplicación de las medidas de nivelación”.

La amonestación de Montero se produce un día después de que Valencia y Andalucía sellaran una alianza para defender intereses comunes sobre financiación autonómica y el grupo de Galicia avanzara su intención de celebrar otro encuentro en octubre para reforzar su posición.

Y por si fuera poco, el presidente de la Junta andaluza, Juanma Moreno, anunció ayer que próximamente mantendrá reuniones con los presidentes de Murcia, Fernando López Miras; de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.