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Galicia reunirá a la España vaciada para presionar en la financiación autonómica

Galicia reunirá a la España vaciada para presionar en la financiación autonómica

Los movimientos para sellar alianzas con las que presionar al Gobierno central ante la apertura en noviembre del debate sobre la nueva financiación autonómica, cuyo sistema caducó en 2014, se suceden. Y Galicia mueve ficha. La comunidad acogerá a finales de octubre o comienzos de noviembre un cónclave del frente que comenzó siendo del Noroeste y ha ido ampliándose a la conocida como España vaciada. En principio, están confirmadas las asistencias “como mínimo” de los presidentes de Castilla y León, La Rioja, Asturias, Castilla-La Mancha y Cantabria, si bien también se espera la confirmación de los de Aragón y Extremadura, convocados también a la cumbre.

Este bloque representaría a 11,4 millones de ciudadanos, es decir, una cuarta parte de la población total del país, peso con el que quiere hacer valer unos criterios de reparto de fondos que no solo tengan en cuenta el padrón, sino características como el envejecimiento o la dispersión poblacionales, que encarecen los servicios públicos, al obligar a gastar más en tratamientos de enfermedades crónicas o en transporte escolar. Enfrente se sitúan las comunidades más pobladas, como Madrid, Cataluña o Andalucía, a las que beneficiaría un criterio que primase el número de ciudadanos.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer que Santiago acogerá en algo más de un mes esta cita, que recogerá el testigo de la cumbre de Zaragoza de 2018. Entonces, el frente estaba compuesto por Galicia, Aragón, Asturias, las dos Castillas y La Rioja.

Hace unas semanas, se produjeron ya los primeros acercamientos para constituir grupos de presión con los que acudir a un debate que se abrirá en noviembre, cuando el Gobierno presente los criterios para repartir el dinero que supone el grueso de los recursos autonómicos, según adelantó el miércoles en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Los presidentes de Valencia, el socialista Ximo Puig, y el de Cataluña, Pere Aragonés (ERC), acercaron posturas, mientras el de Murcia, el popular Fernando López Miras, anunció una gira de encuentros con homólogos. Se abría el gran melón pendiente del Estado autonómico, que los Ejecutivos de Mariano Rajoy (PP) y Pedro Sánchez (PSOE) se negaron a abordar hasta ahora.

La ministra de Hacienda, consciente de la complejidad de cuadrar el círculo de satisfacer a todas las autonomías que se sienten agraviadas, regañó tanto a PP como a su propio partido primar sus propios intereses. Es una clave de la negociación: la mezcla de intereses territoriales coincidentes en partidos “enfrentados”.

“Esto no va de colores políticos”, advirtió Feijóo, en cuyo frente se mezclan gobiernos de PP, PSOE y regionalistas cántabros.

“Esta invitación que acabamos de hacer parte del convencimiento, en primer lugar, de que el sistema de financiación sigue siendo una tema crucial para las autonomías”, justificó sobre la necesidad de que las comunidades “faciliten” al Gobierno central “una propuesta si es posible consensuada por la mayor parte de ellas”.

En todo caso, alertó de nuevo contra una negociación “bilateral”, en alusión a un pacto del Ejecutivo con Cataluña dentro del diálogo con el que apaciguar las tensiones independentistas. “El sistema tiene que cerrarse en una mesa multilateral y no en reuniones bilaterales entre el Gobierno central y una comunidad”, declaró Feijóo tras la reunión semanal del Consello.

A pesar de la configuración de ese frente, matizó que eso no significa que no mantengan encuentros con otros territorios, como el que tiene pendiente con su compañero de partido, el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Este también ha anunciado encuentros con sus homólogos de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. También baraja un encuentro con el lehendakari, Iñigo Urkullu.

¿25.000 euros de daños por no cazar lobos? “Es una broma de mal gusto”

“Es una broma de mal gusto”, espetó ayer Feijóo después de que entrase en vigor el veto generalizado a la caza del lobo ibérico. El Gobierno central estimó un impacto económico de 25.000 euros por esta decisión, tomada para proteger el cánido, en contra de las autonomías que, como Galicia, acumulan la mayor parte de poblaciones del animal.

“En seis años invertimos 4,6 millones de euros para recuperar daños causados por el lobo o para que los ganaderos se protegiesen”, indicó Feijóo tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, en la que se aprobó la presentación de un recurso judicial contra el citado veto. En primer lugar, solicitan la suspensión cautelar de la medida, que además origina una inseguridad jurídica por la que la Xunta frena la concesión de ayudas para paliar daños causados por el animal.

“Llevamos 2.024 animales muertos por el lobo, de los que 592 son vacas”, expuso para poner de relieve el problema que supone una población excesiva de estos cánidos. “Por supuesto hay que proteger al lobo, pero cuando hay una población excedentaria hay que buscar el equilibrio que siempre mantuvimos en Galicia”, alertó después de que entrase en vigor el martes la orden del Ejecutivo que modifica el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) para incluir al lobo ibérico (”Canis lupus”). Para el presidente gallego, esta norma “no es proporcionada” y surge de la “improvisación” por parte de un Gobierno “que no conoce los daños causados por los lobos”. Como ejemplo, citó la obligación de contar con verjas de tres metros de altura y otros do bajo suelo para ganaderos. “Es desconocer las capacidades económicas de los ganaderos”, resumió.

Por otro lado, el Consello de la Xunta aprobó también en plazo la Conta Xeral del año pasado, marcado por la pandemia de COVID-19. La comunidad, según Feijóo, logró un ahorro bruto de 1.043 millones de euros. Esa diferencia entre gastos e ingresos corrientes fue destinada por completo a inversiones. “Fuimos la primera comunidad con más inversión con cargo a su presupuesto”, ensalzó, antes de cifrar el déficit público en un 0,1% (39 millones) tras la suspensión de las reglas fiscales para lograr equilibrio presupuestario.

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