La Lei de Montes de 1989 ya preveía que la Xunta pueda asumir la gestión temporal de los montes vecinales en mano común que se declaren en grave estado de abandono, pero se trata de un precepto apenas enunciado que en la práctica no se llevaba a la práctica por falta de desarrollo. Ahora, treinta años después, se quiere cambiar esta situación con una reforma, introducida en la ley de acompañamiento de los presupuestos gallegos para 2022, de manera que se active de forma efectiva esta posibilidad y además con alguna modificación añadida con respecto a la legislación originaria. El cambio legal permitirá que sean los concellos, en primera instancia, los que asuman la gestión de estos montes abandonados y, en caso de que la rechacen, que la responsabilidad pase a la Consellería do Medio Rural. El nuevo escenario da pie a que las administraciones públicas puedan explotar hasta un millar de estos montes vecinales, que son aquellos en los que las comunidades propietarias no existan, se hayan extinguido, incumplan su cometido o, en la práctica, no funcionen.
El motivo que está tras esta reforma legal es el poner fin al progresivo abandono del monte porque las comunidades de vecinos propietarias no están operativas por las razones que sea, en muchos casos debido a la despoblación del rural. No hay personas que lo puedan atender o las que quedan en los pueblos y aldeas son muy mayores.
Para darle una segunda oportunidad se modifican cinco artículos de la Lei de Montes de 1989. “La revisión se debe a que una cuarta parte del territorio gallego, unas 700.000 hectáreas, corresponde a monte vecinal en mano común, gestionado por más de 3.000 comunidades de montes de las que un 40% no cumplen total o parcialmente con sus obligaciones administrativas como la comunicación de las reinversiones o la renovación de las juntas o de los censos de comuneros. Este porcentaje de incumplimiento es superior al 60% en algunas zonas de las provincias de Lugo y de Ourense. Es, por tanto, preciso regular la gestión cautelar de los montes vecinales en aquellos casos de inexistencia, extinción o desaparición de la comunidad de vecinos”, argumenta la Consellería do Medio Rural en la exposición de motivos que lleva ahora a la Xunta a emprender la reforma legal.
En unas jornadas sobre la situación de los montes vecinales organizadas por el Consello da Cultura Gallega en 2017, la Xunta indicó que unas mil comunidades estaban sin actividad, de las que unas 300, con un total de 20.000 hectáreas, ya nunca dieron señales de vida ante la Administración y que otras 700 comunidades fueron abandonando sus tareas progresivamente, bien por carecer de junta rectora o por no funcionar en la práctica.
Ahora, el Gobierno gallego considera que ha llegado el momento de que los poderes públicos intenten recuperar al menos parte de la producción de este monte, lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que su intervención alcance a la totalidad de las comunidades vecinales sin actividad. Una recuperación que puede llegar tanto de forma directa de concellos y Xunta como por un intento de poner en marcha comunidades “durmientes”.
“A través de estos cambios la Xunta va a tener la posibilidad de iniciar procedimientos para alcanzar la constitución legal de las comunidades de montes vecinales en mano común con inexistencia, extinción o desaparición de la comunidad de vecinos titular del monte. En caso de que no se consiga, la Xunta se lo propondrá al concello que lo gestione y si no quisiese, este monte pasaría a ser gestionado cautelarmente por la Xunta”, detalla la Consellería do Medio Rural.
El procedimiento, en síntesis, pasa por que la Administración autonómica declare abandonado el monte y la inexistencia de una comunidad de propietarios. Tras esto, se ofrece al concello en el que se ubique el terreno forestal la gestión, que puede negarse a asumirla, por lo que la explotación quedaría entonces en manos de la Xunta, siempre con el objetivo final de que se cree una comunidad de propietarios.
