No habrá exámenes de recuperación para alumnos de Secundaria este curso, aunque, si fuera por la Xunta, la normativa que lo impide no se aprobaría. La Consellería de Educación anunciaba ayer que reclamará al Ministerio del ramo que retire el proyecto de Real Decreto de Evaluación y Promoción a través del que pretende eliminar ya este curso, explican, los exámenes extraordinarios en la ESO.

La respuesta del departamento dirigido por Román Rodríguez llegaba tras conocer que finalmente no quedará en manos de las comunidades el decidir si este curso realizan o no pruebas de repesca para los alumnos de la última etapa de educación obligatoria, una moratoria a la que había accedido el Gobierno después de que comunidades como Galicia o Madrid manifestasen su rechazo. Ayer trascendía que el Ministerio de Educación decidía suprimir también para este curso los exámenes extraordinarios de ESO de junio y de septiembre y lo hacía, explicaron fuentes del Gobierno a Europa Press, alegando cumplir un dictamen emitido por el Consejo de Estado sobre la materia.

Galicia, Madrid, Murcia, Andalucía o Canarias eran de las que habían previsto mantener los exámenes, mientras que Cataluña o la Comunidad Valenciana ya habían anunciado que los suprimirían. El Consejo de Estado aduce que permitir una moratorio generaría “desigualdad” entre comunidades.

Galicia había decidido adelantar este curso la convocatoria de los exámenes extraordinarios en las etapas de ESO una decisión que chocó contra las protestas de asociaciones de padres de la pública, que entendieron que se perjudica a los alumnos al entender que el plazo que se les da para estudiar para recuperar materia es muy corto. No obstante, el Ejecutivo gallego defendió su oportunidad.

En todo caso, el plan de la Xunta se vio enturbiado cuando se conoció que el real decreto que adaptará la Lomloe para pasar de curso y para evaluar a los escolares no contemplaba la recuperación en la ESO. Varias autonomías mostraron su rechazo y el departamento que dirige Pilar Alegría decidió abrir la mano y prorrogar este año los exámenes en aquellas comunidades que así lo eligieran. Galicia era una de ellas. Para ello incluyó en el proyecto de real decreto una disposición transitoria que ahora el Consejo de Estado ha cuestionado.

Desde la Xunta lamentaban ayer que el Gobierno les informó de que, pese a lo anunciado, la normativa no incluirá la posibilidad de que los gobiernos que lo deseen mantengan las pruebas, amparándose en los últimos dictámenes recibidos. Sin embargo, según la Xunta, el Ministerio “ha invitado” a las autonomías “a buscar instrucciones u otros mecanismos de incierta seguridad jurídica para sortear este impedimento”. La Consellería de Educación explica que considera “inviable” esta opción, “que pone en serio riesgo la legalidad de las calificaciones de esas pruebas de recuperación”.

Por ello, ven “preciso” que el Ministerio “desista” de la puesta en marcha del decreto que es, dice la Xunta, “como la nueva ley de Educación en su conjunto, una medida en contra de la cultura del esfuerzo y de la calidad educativa y en pro del aprobado general”. “Conviene recordar”, apunta la Xunta, que en este curso “todavía” se aplican los currículos de la anterior ley educativa, lo que, afirman, “incrementa la contradicción e incertezas de la comunidad educativa”. Además, añaden, “es inviable y completamente injusto para el alumnado hacer este cambio en el transcurso del año académico, cambiando las reglas de juego establecidas”. Galicia habla de “improvisación y deriva caótica” en la elaboración y aplicación de la Lomloe y también desde Madrid o Murcia han reprochado la improvisación, caos y desorden en la decisión ministerial.