Agarrada a su bebé, Lucía –nombre ficticio– llegó en plena pandemia al Centro de Emergencia para Mujeres en situación de Violencia de Género de Vigo, CEMVI. Su pareja había intentado asesinarla, pero ella le perdonó y volvió con él. Poco después se repetía la situación y tuvo que poner tierra por medio para proteger su vida. El centro vigués, que acoge a mujeres en riesgo extremo junto a sus hijos menores, registra en lo que va de año uno los índices más bajos de ocupación de su historia. En la actualidad solo cuatro familias, mujeres con niños, se encuentran en la casa de acogida viguesa, con capacidad para veinte y cuya ocupación media suele ser el 90%. Elena Molanes, directora del centro de emergencia vigués –cuya ubicación se mantiene en secreto para proteger a las víctimas llegadas de distintos puntos de Galicia– argumenta que la situación es la misma en todos los centros de la Red Gallega de Acogida y alerta de que no quiere decir que las agresiones a mujeres hayan disminuido, sino que las víctimas en riesgo extremo siguen con su maltratador ante la angustia y la incertidumbre económica que plantea la pandemia del COVID-19.
–Las víctimas ya no están confinadas, pero siguen con su maltratador. ¿Qué pasa?
–Tenemos muy poquitas altas en los centros de acogida. Estamos hoy entre el 40 y el 50%, cuando nuestro índice medio de ocupación ronda el 90%. Creo que la presión psicológica, la situación económica y la angustia de las restricciones hace que muchas de las mujeres que estaban oprimidas ahora lo estén todavía más. Lo que antes era complicado, ahora se hizo imposible. No se plantean abandonar el domicilio ante la incertidumbre de la situación. Nuestros datos de ocupación de 2020, con un 76,24% de media, reflejan esta evolución. El primer trimestre fue ‘normal’ con un 79,95% y el segundo lo cerramos con el 71,98%. El bum llegó con el tercero, justo al acabar el confinamiento, pues tuvimos una ocupación del 100%, pero después comenzó a bajar y cerramos el cuarto trimestre con el 53%. Y seguimos bajando. Algo muy poco habitual.
–¿Hay un perfil de las mujeres que estuvieron el año pasado?
–Se trata de casos muy complicados, mujeres con hijos a su cargo. El centro es el último recurso pues se trata de situaciones muy extremas: o ingresaban aquí o corrían el riesgo de perder la vida. Son casos muy duros, porque en este proceso hay mujeres que retoman la relación con su maltratador.
–¿ Son los niños otra atadura con el maltratador?
–Si hay hijos comunes menores, en muchos casos las víctimas retoman la relación por la coacción de la propia familia del agresor con respecto al niño. Cuando les une un vínculo familiar de hijos es habitual tirar de los pequeños para tenerlas a ellas atadas. Si se trata de localidades pequeñas, o de ciudades donde la familia del agresor tiene influencias, es muy difícil que puedan romper el vínculo. La mujer se siente sin apoyos para salir adelante y no va a dar el paso a no ser que desde el Centro de Información a la Mujer o la Policía, que ejerce mucha presión, le hagan ver que su vida corre peligro y debe actuar, pues también Menores puede actuar y perder a sus hijos. Deciden entonces marcharse con los niños a una casa de acogida de otra ciudad para romper el círculo familiar.
–¿Qué decide a una mujer a dar el paso de abandonar su domicilio?
–Cada caso es distinto. Muchas mujeres nos dicen que dieron el paso por sus hijos. Porque los malos tratos no solo les afectan a ellas, sino también a los menores. No porque sean víctimas directas también de los golpes, sino por los que reciben sus madres. Por pequeños que sean, los niños son conscientes de ellos y, de hecho, sufren las consecuencias. Otras se plantan un día y dicen ¿hasta aquí!, tal vez por una gota que colma el vaso y que seguramente no es lo más duro que han soportado.
“La casa de acogida es el último recurso en las situaciones graves y nuestro índice de ocupación es más bajo que nunca”
–¿Cómo se producen los ingresos de emergencia? Me voy de casa con mis hijos y ¿cómo llego al centro para ponernos a salvo?
–Hay dos opciones. La primera, que la mujer llegue asesorada por el Centro de Información a la Mujer, (CIM), de su localidad. Así sabrá a lo que va a enfrentarse, los pasos a seguir y las ayudas de las que puede beneficiarse. Es lo mejor, pero si no puede ser y en un momento dado se plantan, o bien su vida ve que peligra su vida tras una agresión, basta llamar a la Policía y presentar denuncia.
–Porque denunciar, tienen que denunciar...
–Si. Por eso es importante acudir al CIM para asesorarse. La abogada le explicará que debe interponer denuncia, antes o después de ingresar en el centro de acogida, y después se darán los pasos para la orden de protección, separación o divorcio. También le informará de las ayudas económicas de las que puede beneficiarse. Porque una mujer sin ingresos o un trabajo precario, como ocurre en muchos casos, ¿cómo se independiza de su agresor? La víctima. con la información a nivel jurídico, social y también psicológico, porque debe prepararse para romper ese lazo, puede adoptar mejor sus decisiones.
–Pese al secretismo de la dirección del centro de emergencia en ocasiones ha aparecido por allí algún maltratador...
–El objetivo, más que nada, es que la mujer pueda vivir tranquila, porque aunque el agresor se presente se llama a la Policía que lo identifica y genera un mecanismo de forma que no volverá a hacerlo. Lo que queremos es que la mujer pueda vivir tranquila el tiempo que permanezca en el centro. Que se sienta segura dentro del recurso que le ofrecemos es fundamental para que pueda rehacer su vida. Sino, es como si estuviese en su domicilio: con miedo a salir, con miedo a ir al trabajo. Lo fundamental es la seguridad que adquieren una vez que ingresan en al casa de acogida. Cuando nos dicen ¡Aquí me siento segura!, eso hace que pueda tirar para delante.
–Pero tienen un plazo máximo de estancia en el centro...
–Depende del tipo de centro y en pandemia se flexibilizó muchísimo. Nosotros somos centros de emergencia y el plazo es de tres meses prorrogables otros tres en función de las circunstancias. Incluso hemos tenido mujeres mucho más tiempo si por ejemplo piden el uso de la vivienda, y debe resolver el juzgado. En las casas de acogida pueden estar de nueve meses a un año.
–Vivienda y trabajo son claves para que las víctima salgan adelante. ¿Las ayudan en el centro ?
–Si, por supuesto. Ayudarlas a encontrar empleo es una de las tareas educativas del centro. Son mujeres con hijos, así que la principal bolsa de trabajo está en los planes de contratación de víctimas de violencia de género en las conserveras y en las cadenas de producción de las grandes empresas. También en los programas que desarrollan los Ayuntamientos. En el caso de Vigo uno de los proyectos que más gusta es el de la rehabilitación y recuperación de los montes. El trabajo les permite conocer gente y mejorar su autoestima. El principal problema en Vigo es conseguir una vivienda, pues los propietarios exigen un contrato de trabajo por un año, que muchas veces no existe, o un aval aunque la Xunta financia al 100% el alquiler en estos casos.
El CIM y colectivos en defensa de la mujer atienden un caso de maltrato cada 2 horas
Podrá haber una crisis sanitaria sin precedentes, podrá haber una pandemia mundial, podrá decretarse un confinamiento domiciliario y podrán poco a poco a relajarse las medidas restrictivas. Pero lo que no cambia año tras año son los altos índices de denuncias por violencia de género. Para llegar a este último paso, son muchas las mujeres que necesitan de un soporte, un auxilio amable que les asesore de forma particular. Aquí entran desde los colectivos en defensa de la mujer hasta las propias administraciones, subvencionando a los primeros y también dando asesoramiento propio.
El Concello de Vigo no es ajeno a esta realidad y a través de la concejalía de Igualdad reforzó sus servicios específicos de ayuda de atención a las mujeres para que el confinamiento no agravase la situación de las mujeres víctimas de malos tratos.
Y en la primera línea de estos servicios se encuentra el Centro de Información Municipal (CIM), que especialmente de forma telemática o telefónica, atendieron más de 6.000 consultas durante el año pasado, tanto requerimientos de tipo social, jurídico o psicológico. De ellos, el 50% estaban relacionados con la violencia de género. El Centro es atendido por un equipo de profesionales compuesto por: una psicóloga, una abogada, una trabajadora social y una administrativa.Es la vía de entrada al Servicio de Atención Domiciliaria a la Infancia (SADI); así como al Centro de Emergencia para víctimas de violencia de género (CEMVI). En este punto, gana importancia también el programa de atención psicológica a un total de 84 menores hijos de mujeres maltratadas, también víctimas de violencia de género; así como ayudas económicas para 64 mujeres maltratadas en 2020.
Toda esta atención a la víctima se completa con el inconmensurable trabajo de la Rede de Mulleres contra os Malos Tratos, apoyada con 30.000 euros por Igualdad, que realizó casi 1.300 intervenciones a 257 mujeres atendidas.
Estas cifras revelan que prácticamente cada dos horas se atiende, asesora o auxilia un caso de presuntos malos tratos en Vigo. En este apartado juegan un aspecto muy importante las campañas de sensibilización tanto institucionales como, en las últimas semanas, mediáticas, a colación del documental en el que Rocío Carrasco narra episodios de violencia de género que ha sufrido a lo largo de los años por parte de su expareja.
La efectividad de estas campañas es palpable, afirman desde el Concello, al denotar un repunte de consultas tras ofrecer información “concreta” sobre los recursos de ayuda más próximos y ante cualquier tipo de necesidad.
Ejemplo de ello es la red municipal de viviendas de protección, en las que convivieron hasta 4 unidades familiares el año pasado; como recurso alternativo a este acogimiento, el Concello también facilitó el hospedaje en hoteles a 21 mujeres víctimas de violencia y a siete menores. En el CEMVI fueron acogidas un total de 33 mujeres y 28 niños durante el 2020. Y el Servicio Municipal de Atención Domiciliaria a la Infancia (SADI) favoreció la conciliación de decenas de madres para que pudiesen mantener su puesto de trabajo, concretamente fueron 74 menores atendieron en un total de 2.886 servicios de cuidado.
