La prórroga de la concesión de la AP-9 a Audasa hasta el 2048 es ilegal. Así se lo ha hecho saber la Comisión Europea al Gobierno nacional a través de una carta en la que le insta a “garantizar la correcta aplicación de las normas de la UE en materia de contratación pública y contratos de concesión”. Y es que esta ampliación se rubricó sin iniciarse previamente un procedimiento de licitación en el que concurriesen varias empresas. Esta advertencia llega a colación de la denuncia presentada hace casi dos años por la asociación viguesa En Colectivo, que aspira a que la derogación de las ampliaciones de las prórrogas suponga el fin de los peajes.
Según el derecho de la UE, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante licitación, extremo que el Gobierno español no llevó a cabo. Los aplazamientos concedidos entonces en los años 1994 y 2000 –hasta el 2023 y 2048, respectivamente– vulneran esta normativa comunitaria porque se debería haber convocado un nuevo concurso público. Y es que de no haberse producido estas prórrogas, hace casi una década que la AP-9 tendría que haber sido liberada de sus peajes y ser gratis para todos sus usuarios.
Sin embargo, para sufragar los gastos que suponía para la adjudicataria las obras de mejora o la gratuidad de tramos urbanos, tanto gobiernos del PP como del PSOE e inicialmente UCD recurrieron a estas prórrogas. Al no poder superar el máximo legal de 75 años en prórrogas, obras como el doble carril de Rande, entre otras, se pagan con cargo a una subida de peajes.
El caso español no es único y cuenta con un precedente también reseñado por Bruselas. Se trata del Gobierno italiano, quien amplió la duración de la concesión de una autopista sin contrato público. En esta ocasión, sobre Italia ya pesa una sentencia dictada en septiembre de 2019, en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que “al ampliar la duración de la concesión de la autopista a la Società Autostrada Tirrenica P.A. sin iniciar previamente un procedimiento de licitación, (Italia) había infringido la Directiva 2004/18/CE sobre contratación pública”. La Comisión va más allá de la infracción y hace hincapié en que “dos años después [...] parece que Italia aún no ha tomado medidas para garantizar la ejecución oportuna de la sentencia”, en una clara advertencia a España de las consecuencias de no cumplir con la normativa sobre prórroga de concesiones.
La Comisión Europea otorga ahora a ambos gobiernos dos meses para responder a las alegaciones presentadas; en caso de no pronunciarse, podría enviar un dictamen motivado y mandar a España al Tribunal de Justicia de la UE.
Reacciones
Este comunicado en respuesta a la denuncia de En Colectivo ha generado un escenario de reproches cruzados entre los diferentes partidos políticos. El PPdeG incide que estas medidas de ampliación que si bien fueron consideradas “las mejores alternativas para afrontar las necesidades de la infraestructura en esos momentos”, actualmente son “cuestionables”, por lo que pide al PSOE que “no bloquee la transferencia de la AP-9 a Galicia”. El presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, recordó que las prórrogas a Audasa se firmaron tanto por gobiernos socialistas como populares sin que “en ninguna de las dos ocasiones” saliese a concurso. “El Gobierno tendrá que responder a ese expediente y motivar por qué se hizo esto, tanto estuviese gobernando el PSOE o el PP”, matizó Feijóo.
Por su parte, los socialistas gallegos a través de su viceportavoz, Pablo Arangüena, recalcan que esta ampliación convirtió a la AP-9 “en la autopista con un plazo de concesión más largo”, y que mientras otras infraestructuras ya agotaron los plazos o bien están a punto de terminarlos, Galicia tendrá que soportarlos durante otros 25 años “por obra y gracia de Aznar cuando Feijóo era alto cargo designado por su gobierno”.
Ana Pontón, portavoz del BNG, recalcó que la apertura de este expediente “muestra el camino que debe recorrer el Estado español: poner fin a la abusiva concesión y acabar con unos peajes que los gallegos llevamos demasiado tiempo pagando y que lastran las economías de las familias, de las empresas y también la recuperación económica en un momento de crisis”.
Un negocio generoso en pleitos e ingresos
Suma y sigue en el largo historial de pleitos y reclamaciones protagonizados –como agente activo a veces, pasivo otras– que acumula Audasa. La advertencia que acaba de lanzar la Comisión Europea sobre la prórroga de la concesión hasta 2048 es solo el enésimo capítulo de una crónica que se escribe en diferentes frentes. En febrero de 2020, por ejemplo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) respaldó las exigencias del Puerto de Vigo y concluyó que Audasa debe abonar un canon anual por las tasas de ocupación y actividad generadas por el puente de Rande.
Otro punto de desencuentro con las administraciones que acabó en los juzgados es el sistema empleado por el Gobierno para calcular cómo debe compensar a la concesionaria por “peajes en la sombra” como el de O Morrazo. A principios de 2020 también, el Supremo emitía otra sentencia –en esta ocasión favorable a Audasa– en la que estimaba el recurso presentado por la empresa e instaba a anular los cambios en la fórmula que el Ejecutivo aplicó en 2017. Los gravámenes –o su supuesto cobro abusivo durante las obras de ampliación de Rande, más bien– protagonizaron otro proceso impulsado por conductores afectados por los atascos.
El balance de Audasa es igualmente generoso en ingresos. Solo en 2019 la concesionaria de la AP-9 logró un beneficio de 42,3 millones de euros.
