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Juzgados civiles y penales suman 17.000 sentencias para ejecutar

Acumulación de expedientes en Penal de Vigo. | // M.G.BREA

Uno de los graves problemas que los juzgados de Vigo arrastran desde hace años es el número de casos pendientes de resolución, es decir, aquellos procedimientos –demandas, denuncias o recursos– que una vez son presentados continúan a la espera de trámite. Concretamente, esta situación se agudizó en 2018, con la huelga de funcionarios que paralizó durante tres meses el trabajo en las distintas salas de la ciudad. Al término del segundo trimestre, el número de causas que esperaban sentencia era de 20.253, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Jurisdicciones

Sin embargo, hay dos jurisdicciones cuyo atasco no se centra tanto en los casos pendientes de resolver, sino en ejecutar estas resoluciones: las ejecuciones de sentencia. Y es que un fallo judicial carece de valor si no se ejecuta la pena o medida impuesta por su señoría. Esto es lo que ocurre en los juzgados de lo Penal y Primera Instancia, que cuentan con más de 17.000 sentencias por ejecutar.

Primera Instancia

La mayor parte de esta cifra la asumen las salas civiles, concretamente 14.975 ejecutorias. Un porcentaje muy alto de procedimientos son dinerarios. Es decir, impagos que pese a existir ya una resolución firme persisten por la imposibilidad de hacer frente a la deuda o pago requerido en sentencia. Y en no pocas ocasiones durante décadas. “Estos procedimientos no prescriben, están abiertos hasta el cobro total de la deuda; algunos de los que tenemos son el 1994 o 1992”, explica la Letrada de la Administración de Justicia de una de estas salas civiles de la ciudad.

Y es que si ya en un primer momento el demandado no pudo hacer frente a la deuda, tampoco lo podrá hacer una vez resulte la sentencia. “Tenemos que hacer una averiguación patrimonial, embargar cuentas... Pero aún así no siempre se consigue el cobro inmediato y estos procedimientos siguen vivos”, amplía la letrada judicial.

Bancos vs particulares

Por su parte, otro magistrado de Primera Instancia precisa que si bien es “habitual” que entren más procedimientos declarativos u ordinarios que ejecuciones, éstas son más complejas de dar salida. “Muchas de ellas se van acumulando porque llevan décadas paradas y se va reabriendo cuando se puede hacer frente al pago”, remarca el magistrado. El titular de una de estas salas civiles precisa que aquellos procedimientos en los que el deudor sea una entidad bancaria o una aseguradora se cierran antes que los de particulares. “La banca como los seguros pagan con mayor celeridad; en el caso de particulares pueden estar años abiertas”, resalta el juez.

Penal

De esta situación se han alimentado “fondos buitre”, que están “despertando” viejos litigios en su ánimo de cobrar esas deudas.

Tras la jurisdicción civil, es la penal la que genera más sentencias para ejecutar. Y concretamente, la mayor parte del trabajo recae en los juzgados de lo Penal. La ejecución en este ámbito consiste en requerir a un condenado para que ingrese en prisión, abone una multa o indemnización, haga trabajos en beneficio de la comunidad o cumpla una pena de alejamiento. En este segundo trimestre, estas salas abrieron 502 ejecutorias y se lograron resolver más de 806. Quedaron 2.026 pendientes, cifra ligeramente inferior con la que se cerró el año 2020, cuando fueron 2.097 ejecutorias en trámite.

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