Más de 110.000 vehículos de Vigo, en vilo por las zonas de bajas emisiones: ¿se implantan en 2023?

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en mayo de 2021 en el Congreso de los Diputados, establece que, en 2023, los municipios de más de 50.000 habitantes deberán adoptar planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas para reducir las emisiones derivadas de la movilidad, entre ellas, las zonas de bajas emisiones (ZBE), en las que no podrán entrar los automóviles diésel con más de 15 años de antigüedad –20 si su motor es de gasolina–, independientemente de que su estado de salud diga lo contrario.

Misma norma regirá en los territorios insulares y localidades de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de contaminantes regulados. En Vigo, según el padrón municipal, son más de 110.000 los vehículos que, por su antigüedad, probablemente, tengan vetado el paso a áreas restringidas: más del 40% del parque móvil olívico. El objetivo es contribuir a la mejora de la calidad del aire y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

La norma señala 2023 para la activación de las ZBE, pero no concreta si a 1 de enero o 31 de diciembre, por lo que se puede entender que el plazo comprende los 12 meses del año que viene. Son las administraciones locales las que se deben encargar de perfilar las condiciones. El Concello de Vigo las indicará en una ordenanza en la que trabaja desde hace meses en base a las cuatro zonas de bajas emisiones ya definidas, anunciadas en septiembre: dos en el centro, una en Bouzas y otra en O Calvario–. “No queremos sancionar, se buscarán acuerdos con la ciudad”, destacan desde el ente de la Praza do Rei.

El coste de la puesta en marcha de las cuatro zonas de bajas emisiones asciende a 5.452.100,07 euros. El gobierno local espera un apoyo de 4.055.281,05 euros de fondos europeos para acometer esta intervención. La inversión servirá para señalización, sistemas de control de accesos y aparcamiento –con cámaras– y sistemas de comunicaciones y gestión, incluyendo el centro de control, los servidores y software de bases de datos, tratamiento de excepciones o conexión de acceso a registros públicos –por etiqueta de vehículo, por aparcamiento, residentes, visitas, transporte público, carga y descarga–.

Las cuatro áreas de bajas emisiones suman más de 67 hectáreas en total. La más amplia, con diferencia, es la de la zona centro, con 400.000 metros cuadrados restringidos a vehículos contaminantes –el Concello decidirá en la ordenanza cuáles–. Se corresponden con el interior de un espacio delimitado por Cánovas del Castillo, García Olloqui, Praza de Compostela, Colón, Urzáiz, Magallanes, Gil, Ronda de don Bosco, Paseo de Granada, Cachamuíña, Falperra, Pi i Margall, Llorente, Santa Marta, Torrecedeira, Gaiteiro Ricardo Portela, San Francisco, O Berbés y Beiramar.

Las otras tres zonas del municipio a las que no podrán acceder los automóviles más contaminantes son la de Praza de Portugal, de 37.800 metros cuadrados, delimitada por las calles Uruguay, República Argentina, Cervantes, Urzáiz, Lepanto y Alfonso XIII; Bouzas, de 170.000 metros cuadrados, marcada por el paseo de Paz Andrade, Eduardo Cabello, Simancas, Camilo Veiga y la avenida Atlántida; y O Calvario, establecida por Jenaro de la Fuente, Urzáiz y Gregorio Espino, de 64.000 metros cuadrados.

El cronograma anunciado por el gobierno local en septiembre fijaba la aprobación del proceso de contratación para el 6 de febrero de 2023; la adjudicación de la ejecución, el 26 de mayo de 2023; la finalización de la ejecución de la fase I, el 28 de noviembre de 2023; y la de la fase II –si no da tiempo a poner en marcha las cuatro zonas de bajas emisiones en el plazo que marca la primera fase–, el 3 de septiembre de 2024. Y es que el alcalde, Abel Caballero, también presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), señaló en múltiples ocasiones que ya solicitó al Gobierno la prórroga del plazo para implantar las ZBE, que termina a finales de este año, porque, “literalmente, no le va a dar tiempo a ningún Ayuntamiento”. Eso sí: apuntó que estarán en marcha en Vigo en 2023.

Cerca de la mitad de los españoles desconoce qué son las Zonas de Bajas Emisiones

Para controlar el paso de vehículos a las zonas de bajas emisiones, el Concello vigués instalará cámaras en los puntos de acceso y salida y, con la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial, se obtendrán los datos del vehículo (matrícula, marca, modelo, color, nacionalidad, categoría y tipo), con los que se podrá determinar el nivel de emisiones. En la mayoría de los casos, la conexión será a través de la red municipal de fibra óptica o conexión 4G si fuese necesario. Las cámaras de supervisión se instalarán en elementos municipales ya existentes como farolas, semáforos o cámaras de vigilancia.

Suscríbete para seguir leyendo