De una multa de 500 euros por dejar al perro atado a solo un aviso

La denuncia a una joven por dejar a su dálmata unos minutos en la entrada de una farmacia en aplicación de la nueva ley estatal de bienestar animal no se tramitará

Un perro atado a un banco en A Florida, ayer, sin su responsable.

Un perro atado a un banco en A Florida, ayer, sin su responsable. / Marta G. Brea

El enorme disgusto que se llevó al salir de una farmacia en Ronda de don Bosco el viernes pasado se convirtió solo en un susto días después. La denuncia de la Policía Local a una joven de Vigo por dejar a su dálmata atado unos minutos en el exterior de este céntrico establecimiento, episodio publicado por este periódico el pasado sábado que prohíbe la nueva ley de bienestar animal –está en vigor desde el viernes, precisamente–, no se tramitará finalmente, por lo que podrá ahorrarse los 500 euros –250 euros si pagaba de forma anticipada– que estaba obligada a desembolsar si la sanción continuase su curso.

Según ha podido saber FARO, la denuncia fue retirada antes de ser tramitada a través de la Xunta de Galicia, organismo competente en materia de protección y bienestar de los animales de compañía que, en este caso, se encargaría de sancionar. La afectada, con la que pudo contactar este periódico, mostró ayer su alegría una vez conoció que no tendría que abonar la multa e hizo una llamada al sentido común para que “nadie más” tenga que pasar por lo mismo que ella a pesar de que la ley ampara la sanción: el apartado “d” del artículo 27 recoge que queda expresamente prohibido mantener a los animales de compañía atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial de la persona responsable de su cuidado y comportamiento –no diferencia entre unos segundos o tres horas–.

Lo confirma la Policía Nacional en redes sociales para hacer frente al aluvión de dudas que ha surgido: ni siquiera se puede dejar al peludo atado unos minutos para hacer una compra rápida en el supermercado. Esta acción puede suponer una multa de entre 500 y 10.000 euros. Tampoco se permite dejarlo encerrado dentro un vehículo o en condiciones térmicas que pongan en peligro su vida, sin supervisión más de 24 horas –en el caso de los perros; en el resto, tres días– o mantenerlo de forma permanente en sótanos, terrazas, patios, balcones o espacios similares a estos.

La concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez, destacaba ayer que, “como es tan reciente” el episodio de la joven denunciada, “no existe ninguna copia de ninguna denuncia en estos momentos dentro de la Jefatura, por lo tanto, no se ha practicado ni iniciado ninguna sanción”. “Hemos registrado todos los registros que tenemos dentro de Jefatura y no hay copia de ninguna denuncia en los servicios administrativos”, añadió antes de destacar que, “con la entrada en vigor de la ley de bienestar animal, “los dueños han hecho consultas a los agentes”. Indicó que, en O Calvario, “mucha gente” hizo preguntas el fin de semana a los policías “para saber cómo es la aplicación de la ley”. Insistió en que su departamento no dispone de “ninguna denuncia sobre lo publicado” en FARO.

Dueños de los animales y veterinarios consideran necesario poner en marcha campañas de información y avisos antes de comenzar a denunciar infracciones para que no cojan por sorpresa a nadie. Lamentan, además, que restricciones tan severas como la imposibilidad de dejar al perro atado unos pocos minutos en la puerta de los negocios pueden llevar a más abandonos y pérdida de interés por incluir a los animales domésticos en la rutina.

Avanzan desde el Concello que habrá formación para los agentes de Policía Local sobre la nueva ley y que "se dará un tiempo para que la ciudadanía se familiarice con la nueva norma".

Seguro y curso de tenencia responsable

Una de las cuestiones que más dudas genera es la contratación de un seguro de responsabilidad civil para las mascotas, así como el curso de tenencia responsable, que será gratuito. Ambas obligaciones se retrasan –no entraron en vigor a la vez que la ley– porque el Gobierno en funciones no puede aprobar el desarrollo reglamentario específico.

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