La familia de la asesinada en Lavadores por su hermano denunciará a la Xunta

Tras casi un mes ingresado en la unidad de psiquiatría del Hospital Álvaro Cunqueiro por no considerarlo los forenses y la autoridad judicial competente para declarar, Juan D.C., el sexagenario vecino de Lavadores acusado de acuchillar mortalmente a su hermana Mari Carmen, de 71 años, ya se encuentra en el módulo de enfermería del centro penitenciario de A Lama.

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Vigo decretó ayer su ingreso en prisión provisional tras considerar los profesionales que ya se encontraba capacitado para declarar, por lo que fue trasladado a la Ciudad de la Justicia para su paso a disposición judicial. El investigado contestó a todas las preguntas que le trasladaron las partes asegurando que “no recordaba” nada del crimen.

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Juan D.C. relató que llevaba varios días durmiendo y solo tiene consciencia de lo que sucedió tras la irrupción de la Policía en su domicilio. “Tiraron la puerta abajo, me vistieron y ya me trajeron para el hospital”, contó. También reiteró que no existían broncas o peleas con su hermana o su cuñado por motivos relacionados con el dinero o el consumo de drogas.

Diagnosticado de esquizofrenia, enfermedad seguramente derivada de la drogodependencia que arrastraba desde su juventud, este hombre estaba bajo la curatela de la Funga (Fundación Pública Galega para o Apoio ao Exercicio da Capacidade Xurídica), entidad dependiente de la Xunta de Galicia, y tenía asistencia profesional para su día a día. Pero no era suficiente.

Ayuda de su hermana

El sexagenario residía solo en la que había sido la casa familiar, en la calle Curros, y Mari Carmen, que las pasadas navidades había cumplido 71 años, caminaba desde la suya en Cambeses hasta allí con regularidad para que no le faltase comida y para darle el dinero que ella le administraba. Así lo hizo durante años hasta el miércoles 3 de abril.

Porque ese día, en pleno agravamiento del severo trastorno mental que padecía, Juan mató supuestamente a cuchilladas a su hermana, dejando huérfana a una extensa familia que desde entonces llora una muerte que, denuncian, se “hubiese evitado” si las administraciones públicas “se tomasen en serio” la salud mental.

Responsabilidad penal

Tanto es así que el letrado que ejerce la acusación particular en representación del marido e hijos de Mari Carmen solicitará al juzgado que la Funga sea responsable civil subsidiario en el proceso penal; esto es, si existiera una sentencia condenatoria, la entidad pública tendría que hacer frente al pago de indemnizaciones a las víctimas. Esto supondría un reconocimiento en la desatención a Juan D.C., especialmente en lo relativo a su medicación. Desde 2015, el investigado contaba con una tutela a cargo de la Funga, cuyos profesionales deberían controlar que el sexagenario estuviese correctamente medicado. Uno de los tratamientos que debería recibir llevaba sin serle administrado desde noviembre, más de tres meses antes de que se produjese el crimen.

De hecho, dos días antes del homicidio la familia ya había avisado a la Funga de la severa situación y, según la Xunta, estaba ya activado el protocolo de cara a pedir al juzgado su internamiento involuntario. Su ingreso preventivo podría, y es lo que alega la familia de Mari Carmen, haber evitado el crimen, argumento que sustenta la petición de responsabilidad a la Funga.

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