La salida de Reino Unido de la Unión Europea dejó tocados a los principales países pesqueros, que debido al acuerdo perderán un 25% de las cuotas a lo largo de cinco años y medio en favor de la parte británica. Sin embargo, no todos los países salieron igual de dañados con el pacto. Irlanda, cuyos puertos ejercen de base para las descargas de la flota gallega de Gran Sol, es de los más afectados por los stocks pesqueros compartidos. Por ese motivo, su Gobierno ya está pensando en ofrecer dinero a sus armadores para dejar la actividad y reducir el tamaño de la flota, comenzando por “un plan voluntario” para el desmantelamiento de barcos.
Según publicó The Times, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Mar que dirige Charlie McConalogue ha creado un grupo de trabajo para buscar fórmulas de mitigación de los impactos negativos que trajo consigo el acuerdo del Brexit. Pese a que la flota pide pelear por las cuotas perdidas, McConalogue busca “recomendaciones para un plan voluntario de desmantelamiento de la flota”, similar a los impulsados en el pasado en España para reducir la capacidad pesquera a través de los desguaces.
Pendientes de ver cómo se resuelve esta situación, la flota irlandesa acumula más malas noticias en forma de recorte de cuotas en lo que va de año. Y es que el medio The Irish Times avanzó que la Comisión Europea descubrió en una investigación en 2019 en el puerto de Killybegs (otro de los empleados por barcos gallegos) que el país falla en materia de control y sanción en relación a las normas de la Política Pesquera Común (PPC). El medio indica que el resultado de aquella inspección traerá consigo una reducción de cupos adicional, además de suponer la pérdida de hasta 40 millones de euros en fondos comunitarios de pesca.
