El presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, el francés Pierre Karleskind, se reunió ayer con la conselleira do Mar, Rosa Quintana, y el sector gallego, a quienes trasladó que la Eurocámara no tiene prisa por aprobar el nuevo reglamento de control pesquero, al tiempo que avanzó que se buscará una normativa que se adapte a las diferentes realidades como la bajura y el marisqueo, tal y como urgen desde las cofradías.

Quintana y el sector defendieron la actividad responsable de la bajura y el marisqueo, a la vez que trasladarón su queja por considerar que la nueva normativa europea castiga su labor.

El sector se muestra en contra de la obligación para las embarcaciones de más de cuatro metros de estar geolocalizadas y contar con un diario electrónico de a bordo, además de la instalación de videocámaras en buques de más de 12 metros de eslora.

Sobre este extremo, Quintana lamentó que son cuestiones que dificultan las labores diarias de la flota, pero que “apenas” suponen mejoras para el control de la actividad. Por ello, la Xunta considera necesario introducir mejoras en el proyecto de reglamento durante los debates entre la Comisión Europea, la Eurocámara y el Consejo Europeo.

El encuentro también sirvió para analizar la situación derivada del Brexit y la negociación de las posibilidades de captura en aguas compartidas con el Reino Unido.

Quintana incidió en la necesidad de que se alcance un acuerdo entre las partes para dar seguridad jurídica y estabilidad a la flota, así como la importancia de tener en cuenta los aspectos sociales y económicos en las posibilidades de captura.

Otro de los asuntos abordados en la reunión fue el fondo de reserva de ajuste del Brexit, sobre el que Galicia defiende la inclusión de compensaciones a los efectos indirectos en la pesca con la incorporación de aspectos como el impacto en aguas de terceros países o internacionales y la menor rentabilidad asociada a las dificultades para generar intercambios.

Esta situación se debe a la cesión del 25% de las cuotas europeas al Reino Unido hasta 2026 a cambio del acceso a aguas británicas durante solo cinco años y medio en el marco del acuerdo sobre el Brexit.

La comunidad gallega también defiende que se amplíen los recursos del fondo destinado al sector pesquero desde los 600 millones de euros hasta los 1.000 millones, al tiempo que se puedan incorporar los fondos no empleados del actual Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) así como que su vigencia llegue, como mínimo, hasta 2026.