“España lleva mucho tiempo siendo ejemplo del control pesquero y la lucha contra la pesca ilegal”. Lo cree el director general de la patronal pesquera europea Europêche, Daniel Voces, y es un convencimiento compartido por el grueso de la industria comunitaria. Aun así, y 48 horas después de la amable visita a Galicia del comisario de Pesca, Virginijus Sinkevicius, la Comisión Europea anunció la incoación de un procedimiento de infracción contra España y Francia por incumplir uno de los preceptos básicos de la Política Pesquera Común (PPC), acusando a flota y administraciones de no registrar bien las capturas. De no cumplir la normativa de desembarque, que obliga a todos los buques a computar y desembarcar todo lo que llega en los aparejos de las especies sujetas a cuota. De contribuir a la “práctica derrochadora e insostenible de los descartes, cuando las capturas no deseadas se devuelven al mar”. De alentar, en definitiva, la pesca ilegal. La decisión, sorpresiva, se produce en medio de las negociaciones para el nuevo Reglamento de control de la pesca, con el que, cree la patronal española Cepesca, “suponen el tratamiento de los pescadores como presuntos delincuentes”.
“Siempre se mira a los mismos, frustra todos los avances del sector. Quieren influenciar en el debate político”
Una coincidencia que, abunda Voces, no es casual. “Es parte de la estrategia de la Comisión para influir en los trílogos. Hay una finalidad política, y pone el sambenito sobre los mismos”. Sea como fuere, el procedimiento está en marcha, con el consiguiente daño reputacional a un sector que ha perdido, para el caso gallego, casi el 20% de su capacidad desde la aprobación de la PPC, en 2013. “La Comisión decidió enviar cartas de emplazamiento a España y Francia –reza la comunicación oficial–, dándoles dos meses para responder y subsanar las deficiencias. De lo contrario, la Comisión puede decidir emitir un dictamen motivado”. Un procedimiento que puede derivar en multas y sanciones, todavía sin cuantificar. “Esto frustra todos los avances del sector, porque el consumidor puede estar tranquilo de que el producto nuestro es legal y sostenible”, inciden desde Europêche.
Pesca ilegal
¿Qué defiende Bruselas? A su juicio, Madrid y París “no han garantizado el control y el cumplimiento de la obligación de que todas las capturas de especies sujetas a límites de capturas y, en el Mediterráneo, de especies sujetas a tallas mínimas, deben llevarse y mantenerse a bordo de buques pesqueros, luego registrarse, desembarcarse y computarse con cargo a cuotas, en su caso”. El caso es muy serio, porque señala a ambos Estados por alentar la pesca ilegal. “El control y la aplicación efectivos de las actividades pesqueras en el mar y el registro preciso de las capturas y las cantidades descartadas son esenciales para la aplicación de la obligación de desembarque y para apoyar los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de la Política Pesquera Común”. Y remacha a continuación: “También es importante para prevenir, disuadir y eliminar la pesca INDNR (siglas que hacen referencia a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada)”.
En su visita a Galicia, donde defendió su propuesta de reglamento de control, pero se mostró abierto a negociaciones, Virginijus Sinkevicius no hizo ninguna observación sobre el hecho de que España no haya “tomado las medidas necesarias para hacer frente a las obligaciones”. El letón se mostró “encantado” del viaje y de sus reuniones con administraciones o representantes de la industria pesquera. En un comunicado oficial, remitido este miércoles, apuntó que “a todos ellos les he trasladado el mensaje de que la Comisión ha estado al lado de los pescadores [...] y que continuará apoyándoles para caminar hacia un futuro sostenible, tanto desde el punto de vista socioeconómico como medioambiental”.
Otros procesos
No es la primera vez que la Comisión incoa un procedimiento de este tipo contra los estados miembro referencia en pesca extractiva. No así ante Grecia, de hecho, que cuenta con el mayor número de buques del continente. En 2019, recuerda Daniel Voces, advirtió a Irlanda y Dinamarca por errores en el pesaje y registro de capturas. Un año después hizo lo propio con los holandeses y belgas, por no controlar adecuadamente la flota. En 2021 ya había dado un tirón de orejas a Francia al considerar que utilizaba de forma deliberadamente incorrecta el llamado margen de tolerancia, que se aplica a la normativa de desembarques para evitar el descarte de pescado. En el caso de Países Bajos, por ejemplo, su Ejecutivo remitió a Bruselas un cambio en el sistema de control, aunque desde entonces no volvió a tener noticias de la Comisión.