Las cuatro organizaciones de productores representativas del palangre de superficie (OP7 Burela, Opromar, Opnapa y Orpagu) consideran “totalmente descoordinada y gravemente deficiente” la gestión gubernamental española en relación al Marrajo Dientuso desde 2020. Ese año empezaron los problemas administrativos que continúan coleando a día de hoy, aseguran. De hecho, la falta de decisiones a nivel interministerial, que ya supusieron importantes perjuicios económicos para el sector, podrían suponer pérdidas de más de dos millones de euros en este 2022, según sus cálculos.
La “gestión descoordinada” de las administraciones competentes (Pesca, Comercio y Transición Ecológica), que se limitan “a culparse mutuamente de la situación”, podía ser “comprensible” el primer año de aplicación de los certificados CITES (2020), pero el escenario se volvió a repetir en 2021 y el 2022 amenaza con un panorama todavía peor.
La falta de toma de unas decisiones que deberían haber estado vigentes el 1 de enero, se oscurece más por la “ausencia total” de respuestas a las insistentes consultas del sector respecto a la publicación de los cupos CITES 2022. Esto se debe, una vez más, a la constatada descoordinación de los ministerios implicados en la gestión del Marrajo. La única medida tomada hasta el momento ha sido la de prohibir retener la especie de forma global, mientras otras flotas capturan esta misma especie ante la impotencia de los armadores y organizaciones que los representan, que ven sistemáticamente desatendidas sus peticiones urgentes.
