Bruselas admite que pudo “subestimar” el impacto del veto a la pesca de fondo

Brutalmente “arbitrario” y “sin estudios” que lo hayan avalado. Así ha definido siempre el sector pesquero –vigués, gallego y español– el veto a la pesca de fondo aplicado por la Comisión Europea (CE) en las 87 áreas del Atlántico Norte. Los armadores y pescadores han sido claros, y críticos, desde que el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 entró en vigor el 9 de octubre de 2022. Incluso antes, cuando solo era una pretensión. Denunciaron en todo momento que carecía de soporte científico, que se limitaba a rendir pleitesía a las fuertes presiones de los lobbies ambientalistas y que obviaba su profundo impacto socioeconómico al no sustentarse en ningún informe que hubiera analizado previamente los efectos que dicha prohibición traería consigo. “No se elaboró un informe específico antes de adoptar este acto ya que solo implementa la regulación de acceso a aguas profundas. El procedimiento establecido no prevé una evaluación de impacto socioeconómico específica”, dijo el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, en una entrevista concedida a FARO en el seno de la cumbre de ministros de Pesca celebrada en Vigo el pasado verano. El Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca de la alta institución comunitaria (Stecf, en inglés) admite ahora que “puede haber subestimado los impactos negativos del cierre de los EMV (ecosistemas marinos vulnerables)”.

“No se analizaron en su totalidad los impactos sobre los buques artesanales de España, ni tampoco se completaron análisis del desplazamiento del esfuerzo pesquero”, refleja el organismo en las líneas de su 75th Plenary Report (Informe Plenario), reconociendo que “debería completar estos análisis adicionales”. Esto se debe principalmente a que no se consideraron los perjuicios que la restricción ocasionaría “a nivel individual para cada buque”, agrega. La entidad, a quién Bruselas consulta todos los asuntos sobre la conservación y gestión de los recursos acuáticos –aspectos biológicos, económicos, medioambientales, sociales y técnicos– y cuyo dictamen es esencial para garantizar que la política pesquera de la Europa sea sostenible, dice que para poder evaluar estos efectos individuales en el próximo encuentro que mantenga el Grupo de Trabajo de Expertos “es fundamental que se anime a los científicos pertinentes de los Estados miembros afectados a participar en la reunión”.

Bruselas tendrá en septiembre el nuevo estudio del impacto de las vedas a la flota

El Grupo de Trabajo de Expertos se creó a comienzos de febrero con el objetivo de analizar el impacto socioeconómico de las 87 zonas vedadas a la pesca de fondo y se pronunció por primera vez a finales de ese mes. Por esas fechas, junto a la Comisión Europea, presentó las líneas maestras y el alcance del estudio que está elaborando ante los Estados miembros, los representantes del sector y los científicos. La principal conclusión es que los resultados del análisis se podrán conocer en septiembre, si bien el informe final no se espera hasta noviembre. En julio de 2023, a posteriori de implantarse la prohibición a la pesca de fondo, el Stecf realizó una primera aproximación del impacto económico para los buques gallegos, que elevó hasta los 16,6 millones de euros al año dejando claro que “la flota española es, con diferencia, la más impactada”.

El Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca, que se hace eco de las críticas de la industria pesquera “por no proporcionar una imagen completa de algunos segmentos de la flota”, especialmente del palangre de pequeña escala de España, ve imprescindible “recibir retroalimentación del sector sobre los impactos de proteger los EMV con áreas cerradas que excluyen determinadas técnicas de pesca”. Considera que para ello deberían diseñarse grupos focales o llevar a cabo entrevistas semiestructuradas para recopilar comentarios sobre los resultados de los análisis e información sobre la reacción de la flota ante los cierres. “La retroalimentación de las partes interesadas proporcionaría una mejor imagen de los impactos que los modelos no pueden evaluar”, hace hincapié.

El efecto de los golpes y un futuro de incógnitas

El impacto de los 87 cierres –para profundidades de entre 400 y 800 metros– lleva año y medio afectando indiscriminadamente al arrastre y el palangre de fondo, más selectivo y cuya pesquería presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) liderado por la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela (OPP-7) y amparado por la Xunta como parte coadyuvante, que cifró en 347,5 millones de euros el impacto para la flota afectada y de 816 millones para el conjunto de la economía gallega. Este se sumó al presentado por el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, todo ello en medio de un escenario incierto en el que la última recomendación de los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) apuesta por incrementar los cierres: con cinco posibles opciones para clausurar entre 102 y 115 caladeros.

Con el fin del mandato de Sinkevicius a la vuelta de la esquina y las elecciones europeas más presentes que nunca para el sector pesquero, Galicia urge un cambio político y legislativo para potenciar la actividad, que se ha visto coartada a lo largo de las últimas legislaturas. En el caso de Vigo, como adelantó FARO, la flota se ha reducido a la mitad en los últimos 15 años y todo apunta a que habrá más bajones. Por si fuera poco, la lonja olívica ha disparado un 13% sus precios respecto a hace un año por la falta de pesca de Gran Sol: un 22% menos de merluza, entre un 13,2% y un 11,7% menos de rape negro y blanco, y casi un 40% menos de gallo.

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