Una denuncia de guerra sucia por parte de Downing Street para proteger a Boris Johnson es el último capítulo de los manejos en la cúpula del Gobierno británico para preservar al primer ministro. El equipo ministerial ha sido acusado de utilizar el "chantaje" para "intimidar" a los diputados 'tories' favorables a la moción de censura para forzar la dimisión de Johnson. El conservador William Wragg, presidente del Comité de Administración Pública y Asuntos Constitucionales de Parlamento, reveló este jueves una campaña de amenazas y presiones contra sus propios colegas y pidió a las víctimas que acudan a la policía.

"En los últimos días varios miembros del Parlamento han sufrido presiones e intimidación por parte de miembros del Gobierno por haber declarado o asumido su deseo de un voto de censura en el liderazgo del primer ministro", indicó en una declaración al inicio de la sesión del comité, Wragg, uno de los críticos de Johnson que ha pedido públicamente su dimisión. Entre las amenazas estaría la de "retirar inversiones que están costeadas con dinero público" de los distritos pertenecientes a diputados rebeldes.

Otros informes señalan "al personal del 10 de Downing Sreet, consejeros especiales, ministros del Gobierno y otros, alentando la publicación de historias en la prensa con la intención de poner en situación embarazosa" a los parlamentarios díscolos. Tal comportamiento "es simplemente inaceptable". "La intimidación de un miembro del Parlamento es un asunto grave" y algunas de esas alegaciones "pueden suponer chantaje", por lo que Wragg pidió que se informe al presidente de la Cámara de los Comunes y a la policía.

Fondos para la escuela

Johnson dice no saber nada de tales las acusaciones. "No he visto pruebas que sustenten alguna de esas alegaciones. Estoy centrado en lo que debemos hacer para superar el covid, que es la principal prioridad para los británicos". No habrá investigación, afirman en Downing Street, aunque otras voces, piden que el 'speaker' de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, se interese por el caso. Christian Wakeford, el exdiputado conservador que el miércoles se pasó a los laboristas, asegura ser uno de los que fue amenazado con la retirada de fondos para una escuela en su distrito de Bury South, en el norte de Inglaterra.

Robert Buckland, exsecretario de Estado de Justicia, se mostró cauto. "Todo el mundo debe estar atento a no traspasar ciertos límites. Espero que esos límites no se hayan traspasado. Creo que la advertencia de William Wragg es oportuna y realmente espero que se tenga en cuenta". Otros diputados 'tories' opinaban que quizás algunos de sus colegas habían "malinterpretado" las instrucciones dadas, confundiendo la llamada a la disciplina parlamentaria (Wips) con intimidación. En un tuit la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, señaló que, si las alegaciones son ciertas, además de chantaje e intimidación se trataría de "corrupción".

Daño a la democracia

Johnson está dispuesto a contratacar cualquier desafío que ponga en peligro su liderazgo. Después de la tremenda sesión que se vivió el miércoles en el Parlamento, su entorno creía haber frenado por el momento el ímpetu de los rebeldes. No se produjo la avalancha de cartas pidiendo la moción de censura que algunos pronosticaban. Las acusaciones de malas artes e intimidación muestran, sin embargo, la profunda tensión interna de un Partido Conservador resquebrajado. El ministro de Sanidad, Sajid Javid, reconoció que el escándalo de las fiestas en Downing Street "ha dañado la democracia".

Johnson y su equipo tienen nuevo motivo de preocupación con informes de que Sue Gray, la persona a cargo de la investigación sobre los festejos en Downing Street en tiempo de restricciones y confinamientos, tiene en su poder un correo enviado por un alto funcionario subrayando al secretario privado del primer ministro, Martin Reynolds, de que la fiesta el 20 de mayo de 2020 en la residencia oficial iba contra las normas. Johnson ha reconocido que asistió a esa fiesta, que confundió con una reunión de trabajo, y negó haber sido advertido previamente de que quebraba la normativa.