El hundimiento del turismo, con una caída histórica de su rentabilidad superior al 70%, se ha traducido en un descenso también récord del empleo y de los salarios. Los datos conocidos esta semana nos hablan del peor febrero de la serie histórica, con 91.000 trabajadores más en ERTE y 44.000 parados más. Asistimos, por tanto, al temido recrudecimiento de la crisis económica como consecuencia de las restricciones al comercio y a la restauración, imprescindibles para frenar la crecida de la ola vírica. Junto al desempleo, las cifras salariales también sobrecogen: caídas en picado del poder adquisitivo de los ciudadanos en la práctica totalidad de comunidades autónomas españolas, con ambos archipiélagos en la cabeza: 12% en Baleares y 12,1% en las Canarias. La suma de los dos factores –desempleo y sueldos precarios–, además de las dificultades por las que pasan innumerables sectores productivos –de los autónomos a la industria de la automoción, de los bares y restaurantes a los hoteles–, dibuja un sombrío inicio de década, después de las dos anteriores perdidas en términos de renta per cápita y prosperidad en general. Más allá de la pandemia, el despertar de la globalización ha supuesto la mayor transferencia conocida de tecnología y trabajo de los países occidentales a los asiáticos, que se caracterizan básicamente por la abundancia de mano de obra barata y la ausencia de derechos políticos, al menos tal y como los concebimos nosotros. Los grandes beneficiados fueron de inmediato las grandes corporaciones y, por supuesto, la nueva clase media alta que ha surgido en estas naciones en vías de desarrollo. Lo que asombra, en todo caso, no es la globalización, sino la celeridad de su desarrollo y la fuerza de su impacto.
"La rápida recuperación prevista para el turismo este verano tendrá efectos balsámicos sobre el empleo, pero no en la competitividad general del país ni en las perspectivas de futuro"
La mejora del bienestar en España, que se había sustentado desde los lejanos planes de desarrollo en el aprovechamiento intensivo de salarios bajos, una demografía favorable deseosa de estatus y la llegada masiva de turismo, la construcción y las transferencias de dinero europeo, se ha encontrado de repente con un viento huracanado de cara, unas inclemencias que –me temo– parecen más estructurales que meramente coyunturales. La rápida recuperación prevista para el turismo este verano tendrá efectos balsámicos sobre el empleo, pero no en la competitividad general del país ni en las perspectivas de futuro. El duro dictamen del Consejo de Estado contrario al decreto ley que regula el reparto de los fondos europeos, aduciendo falta de control presupuestario, desvela también el profundo pesimismo que subyace en el corazón político de la sociedad. La inquietud crece en un país roto y dividido, que avanza sin rumbo al albur de las circunstancias e incapaz de romper con una paralizante dinámica de bloques enfrentados y con el nefasto cortoplacismo.
¿Perderá España el último tren de la modernidad? Si no recupera la responsabilidad institucional, me temo que sí. Y todo apunta en esa dirección. Inmersos en una nueva revolución industrial que sustituye un modelo de economía intensiva en mano de obra por otro basado en la innovación y el capital humano, el futuro pasa por atraer talento, mejorar la formación, invertir en ciencia y en bienestar colectivo. Una labor lenta que solo dará fruto si somos perseverantes, decididos e inteligentes. Todo lo contrario de lo que sucede ahora.
