La absolución de Cifuentes fue, sin duda, una pura injusticia. Pero ¿la habría recurrido ahora la Fiscalía si no la hubiera nombrado Sánchez? Porque es la misma Fiscalia que acaba de afirmar que no hay delito de odio en el chat de los generales en que se hablaba de fusilar media España. También se ha declarado inválida la ley de Aznar que permitió matricular 35.000 propiedades a la Iglesia católica, pero quien quiera anularlas deberá pleitear por su cuenta, una a una, con esa multinacional. Como una jueza, de curioso historial y nombre, “Lovo”, acaba de declarar que fue ”casual” y no hay culpables de la explosión que mató a cuatro personas, hirió a diez y dejó centenares de perjudicados, a pesar de que -entre otras cosas- dos de las calderas que explotaron eran ilegales, pero sus dueños casualmente eran clérigos.

Mientras, PSOE y PP pelean a degüello por ver quién nombra más dirigentes de los jueces para asegurar su impunidad, cuando está establecido que son los mismos jueces los que deberían nombrar parte de sus jefes. No mencionemos siquiera, por inexistente, la Justicia en relación a las infantas o reyes. En España no es que no haya Justicia, ni que sea un cachondeo, sino que, fiel heredera en lo posible del no tan antiguo régimen, funciona muy bien en favor de los poderosos.