Parece obvio que, si España sufre la tasa de paro juvenil más alta de Europa al mismo tiempo que las empresas tenemos dificultades para cubrir determinados puestos de trabajo, es que algo está fallando.

Tal vez deberíamos preguntarnos si no nos hemos quedado anclados en el esquema educativo de nuestros padres o abuelos, que ansiaban que todos tuviéramos una carrera universitaria.

Además, no podemos obviar lo que ya tenemos delante. Las previsiones para España en 2025 identifican que el 49% de los puestos de trabajo requerirán una cualificación intermedia (técnico y técnico superior), y solo un 14% de puestos requerirán baja cualificación.

Está más que demostrado que las empresas somos incapaces de absorber el alto número de graduados universitarios que cada año salen formados de unas instituciones que (en contra de lo que la mayoría piensa) no son gratuitas. Y, sin embargo, desde hace algún tiempo, los datos vienen indicando que en Galicia, por ejemplo, los índices de empleabilidad de la formación profesional se sitúan en torno al 90 %.

Creo que este es el camino.

Es necesario construir un modelo que aúna el mundo formativo y el mundo empresarial. En realidad, debemos ir más allá y reclamar un pacto de Estado por la Educación, como pilar que garantice el desarrollo y el bienestar de generaciones presentes y futuras, imprescindible para colocarnos a la altura de los países más desarrollados del mundo. Un modelo que permita cualificar y acreditar a las personas durante toda la vida laboral a medida que van conformando su curriculum profesional.

Sabemos que es un tema complicado y que cuesta asumir nuevos paradigmas. Pero es inevitable. Y una gran responsabilidad.

Preparar a niños y jóvenes para ser trabajadores de mañana es una tarea harto complicada, máximo en una economía global, como es esta en la que nos movemos y en la que previsiblemente desaparecerán buena parte de las actividades profesionales actuales para ser sustituidas por otras.

Los acelerados cambios que impregnan la tecnología en los puestos de trabajo exigen que las personas reciban una formación competencialmente adecuada, sin duda en términos técnicos, pero también una cualificación y flexibilidad para manejarse en un entrono laboral cambiante y deben hacerlo en el aula y en la empresa, en los dos entornos en los que una persona debe desarrollar todo su potencial.

En este contexto, el papel del formador es esencial; el profesorado debe estar preparado para instruir a sus alumnos en la asunción de las tecnologías como parte del medio en el que de forma natural sus alumnos van a desarrollar su actividad laboral. El reto al que se enfrentan no es menor puesto que no pueden ser ajenos a las necesidades que tienen las empresas. Su espectro formativo debe ser mayor porque realmente son los dinamizadores del aprendizaje que van adquiriendo las personas a las que instruyen.

En este sentido, el Anteproyecto de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional abre una oportunidad al desarrollo de las cualificaciones profesionales de grado medio, incuestionablemente necesarias en España, pero no obviemos mencionar el riesgo existente: la Ley por sí misma no va a resolver nada si no hay coordinación entre los agentes que operan en un modelo educativo de éxito.

Una Ley de consenso entre Agentes Sociales y partidos políticos y en la que las empresas, familias y centros de formación sean los actores principales del modelo.

*Presidenta Institucional de Grupo Femxa y Presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia