Es probable que, a pesar de su lógica, las decisiones que la Consellería de Educación para –dentro del ámbito de sus competencias– poner en orden y clarificar algunas normas del ministerio en el desarrollo de la nueva ley, se reciban con jaleo. No se trata de profetizar, sino de comprobar los precedentes: siempre que la Xunta, a pesar de los diálogos previos, no ha pasado por el aro sindical en cualquier faceta, hay bronca, sea lo que fuere la motivación o las medidas. Es el modo que tienen de funcionar los apéndices laborales de la oposición, unos motivados por la necesidad o –acaso la nacionalista CIG– por ideología.
En cualquier caso, tienen derecho al desacuerdo y a su exposición. Y si es razonada, mejor que mejor, Pero contemplado el asunto desde fuera, a pocos debería incomodar que para pasar de curso en la ESO sea necesaria una media de 5, y no la manga ancha de aceptar el suspenso como salvoconducto. Y, del mismo modo, es coherente mantener el calendario de clases, sobre todo con el curso ya en marcha y agotado un trimestre, o casi, en vez de cambiar las reglas sobre la marcha. Un sistema que no recomendaría ni siquiera el que quiso asar la manteca.
Además, y como anécdota, cabe recordar que, si al responsable de la educación en Galicia se le puede reprochar algo, no será sectarismo, falta de disposición al diálogo o radicalización en sus decisiones: es el único político de la Xunta con “certificado” de centrista, expedido por el propio presidente Feijóo el día en que el conselleiro tomó posesión del primero de sus cargos. Época, por cierto, en la que don Alberto Núñez no consideraba, como ahora, preciso marcar distancias con otros insistiendo en que el PPdeG es una formación de centroderecha.
Ocurre que, más allá de estas consideraciones, resulta evidente que algo falla en la Educación –en mayúscula, como referencia a la que se imparte en toda España, aunque con matices distintivos en algunas comunidades–, y que el origen del mal está en la ausencia de un pacto de Estado que deje claros los criterios, cristalinos los programas y adecuada la necesaria coordinación, aparte –claro– de lo que los Tribunales dispongan en caso de conflicto, que para eso están. Aspecto este que es máxima actualidad por la sonora trifulca entre la Generalitat y el TSJ de Cataluña.
Lo que carece de lógica, de sensatez y resulta un insulto a la inteligencia es que en un país como este se hayan elaborado cinco leyes de educación en cuarenta años: una por Gobierno electo, y alguno dos veces. O que en una parte del territorio la lengua común sea relegada a algo residual, o que se olvide que la historia colectiva tiene hechos, no opiniones, y que los hechos, hechos son. Prescindir de esa obviedad podría llevar a prescindir –por ejemplo– de datos claves como que Tarradellas era un demócrata de verdad cuyos planteamientos político-territoriales estaban a años luz de los de Sabino Arana y su visión en el reverso de las de Puigdemont –si es que tiene alguna– o de la actual ERC. Todo ello lleva a una moraleja inevitable: si cualquier sociedad quiere prosperar, es imprescindible que empiece por dar a sus miembros una educación –de todo tipo– lo mejor posible. Y aunque no se comparta al cien por cien, respetar el dicho de que “la familia educa y la escuela forma”. Porque hay bastante de verdad en ello.
