En plena crisis, fruto de una pandemia, que asoló las buenas perspectivas de hace dos años, el precio de la luz incontrolado a nivel europeo y la subida del combustible, a la Diputación de Ourense parece que le crecen los enanos, pues mientras la recesión económica asola la mayoría de los hogares, tienen la brillante idea de anunciar una inversión de veinte millones de euros en la compra de un solar para la construcción del nuevo edificio para este organismo provincial –de dudosa necesidad– dado que el actual edificio se destinará a un hotel balneario.
Este proyecto se pretende llevar a cabo sin contar con la opinión de los ourensanos, quienes deberían ser consultados al tratarse de un macroproyecto costosísimo e innecesario, puesto que para el pretendido hotel balneario existe una ubicación mucho más barata y operativa para este fin que es, sencillamente, la cárcel vieja. Este destartalado edificio abandonado por el Concello de Ourense sería el lugar ideal, dada su proximidad con las Burgas y la posibilidad de dotar de aparcamientos suficientes al pretendido y discutido hotel balneario.
No deja de llamar la atención el silencio de la oposición política que, quizá, reserve la discrepancia para cuando el proyecto sea irreversible y aparezcan de salvapatrias vendiendo su desacuerdo en vísperas electorales. Por esta razón debería ser el pueblo quien decidiera.
Debería ser la sociedad civil la que contestara a esta “brillante” ocurrencia de una dinastía política y que huele a presunto “pelotazo”, organizándose para impedir este derroche económico carente del mínimo sentido común en plena crisis económica y demandara una mejor gestión de los recursos para mejorar ciertas carencias existentes en el ámbito provincial, tales como, mejora de vías de comunicación, potenciación del termalismo, acceso a internet a todo el territorio y un largo etcétera que está en la mente del ciudadano que desea no ser visto solo como votante y contribuyente.
