El macrojuicio de la operación ‘Zamburiña’, que sienta en el banquillo durante mes y medio a cuatro policías y nueve presuntos traficantes, comenzó ayer con un papel incisivo de la defensa del exjefe antidroga de la comisaría de Ourense, Antonio R. F., que se enfrenta a más de 11 años de prisión por presuntos delitos contra la salud pública, omisión del deber o revelación de secretos. La abogada arremetió contra la Unidad de Asuntos Internos, sobre cuyo inspector –contra el que se ha querellado– vertió duras críticas. La abogada Beatriz Seijo también dice que la Fiscalía ha puesto “trabas” y que el magistrado se excedió en sus competencias. Pero sobre todo afirma que el anónimo de 2014 que puso a la comisaría bajo el foco, al denunciar una supuesta trama de corrupción policial, “en sí mismo es un delito. Asuntos Internos no persigue al autor, no investiga y prepara un colchón de presuntos indicios. Estas diligencias nacen del delito”. La fiscal subrayó ayer que “ya temíamos que la actuación fuera puesta en tela de juicio”, pero recordó que el proceso busca esclarecer presuntos delitos “resultantes de una investigación de Asuntos Internos, no respecto a un anónimo”.
La defensa no solo se ha querellado contra el agente instructor –será el primer testigo de este macrojuicio de la ‘Zamburiña’– sino también contra los policías gemelos Roy y Bernardo D. L., investigados por la muerte de otro policía en comisaría, en abril de 2016, a quienes esta parte atribuye la autoría del anónimo, de noviembre de 2014, que acusaba a una serie de agentes, Antonio incluido, de traficar con armas y favorecer a narcos. La sustracción de las pistolas –con una de ellas murió el agente– fue separada en otra causa independiente, año y medio después, y la resultante de aquella investigación inicial, que las defensas consideran viciada por una supuesta “prueba ilícita" como origen, es una acusación de la Fiscalía que implicaría el ingreso en prisión de tres de los agentes, y penas individuales para los 13 encausados que, en total, suman más de 100 años. Pide 13 para la principal presunta traficante y confidente.
La Fiscalía: "Ofrecía una colaboración simbiótica y cobertura a sus informantes"
Considera la Fiscalía que los cuatro policías antidroga de la anterior unidad de estupefacientes de la comisaría de Ourense ofrecían una “colaboración simbiótica”, protección y “cobertura” a sus informantes ,“favoreciendo” presuntamente su actividad de narcotráfico, a cambio de chivatazos para conseguir incautaciones sin esfuerzo. Así, “eliminando a la competencia” de sus confidentes, frustrando con detenciones los alijos de otros, los agentes conseguían “crédito” y “reconocimiento”, profesional, según expresa el ministerio público en su escrito de calificación. Los 13 acusados ya tuvieron la oportunidad este lunes de negar los hechos, de una manera breve, pero suficiente para descartar un acuerdo de conformidad de última hora. La magistrada ponente, que preside el tribunal, preguntó uno a uno a los acusados si se consideraban autores de los delitos que les atribuye la Fiscalía. Todos respondieron que “no”.
La defensa de Antonio R. F. pide la suspensión del procedimiento para poder analizar la totalidad de las escuchas, cuya entrega, “sesgada” primero y facilitada por completo hace pocos días critica. Seijo dice que es la “única prueba en más de 7.000 folios” contra el exjefe policial antidroga. “No se puede celebrar un juicio sin que yo tenga la posibilidad de analizar todas las intervenciones telefónicas para que plantee mi estrategia de defensa y la contextualización de las conversaciones”.
Los gemelos, la UAI y el juez
“Una prueba ilícita es la fuente de esta investigación”, subraya la abogada, que considera que el juez de la ‘Zamburiña’, Leonardo Álvarez, que primero había abierto diligencias por el robo de armas en el búnker policial, en 2014, no era el competente para llevar esta instrucción. Reprocha esta defensa que “el anónimo no se entregó para su incorporación a la causa hasta que las defensas insistimos en verlo. Tendrían que haber averiguado su autoría y dilucidar cuál era la finalidad para generar una investigación y una intervención de teléfonos basados radicalmente en mentiras”. Afirma Beatriz Seijo que “el autor del anónimo es un delincuente como el que más. ¿Cuál es la razón de que lo dejen pasar?”
La defensa quiere que, antes de proseguir con este juicio, se suspenda para que se dé trámite a sus querellas contra el inspector de Asuntos Internos y los policías gemelos. “Si al final resulta que los señores D. L. llevaron a cabo estas conductas, el origen de esta investigación sería totalmente ilícita. Si, además, el agente de esta investigación cometió una serie de delitos para reconducir la investigación tendenciosamente, u ocultando parte de la evidencia, resultaría relevante para establecer la ilicitud de esta causa”.
La defensa, que este martes terminará con su exposición antes del turno de los otros 10 abogados y de la réplica de la fiscal, leyó ayer la transcripción de una llamada, de febrero de 2016, grabada por uno de los gemelos. El inspector de Asuntos Internos les avisa que deberán acudir al despacho del juez para mantener una “entrevista reservada” sobre la causa. “Están amañando las declaraciones que tienen que hacer”, interpreta Seijo. “Si la unidad ha estado encubriendo a los señores D. L. como autores del anónimo es gravísimo, e invalida totalmente su figura no solo como testigo, sino que estaríamos pivotando la causa sobre un delincuente, y la justicia no puede permitirse eso”, expresó la letrada de Antonio con dureza. “No se puede celebrar el juicio sin dilucidar si hubo confabulación, sabiendo que se pudo proteger a los autores del anónimo, conociendo que el contenido era falso”.
El anónimo de noviembre de 2014, remitido desde la comisaría, acusaba a una serie de policías de acceder a bases de datos del DNI y de matrículas para facilitar la información a traficantes. La defensa de Antonio R. F. asegura que se hizo una prefabricación de prueba por parte de los autores del escrito, “simulando” los accesos. Culpa de esa acción a los agentes gemelos. Es otra de las razones para no celebrar el juicio hasta que se aclare “si esta conducta, que atribuyen a Antonio, la hicieron otras personas. Los accesos los cometieron otros, este caso nace mal de raíz, torcido”, repitió.
Deniegan a los 13 acusados poder declarar al final
“Creo que en este caso merece la pena que se modifique el orden, porque va a haber unas periciales contradictorias que deben escuchar los acusados, y se va a producir una audición de la intervención de las comunicaciones, por lo que sería importante que se escuchen antes de las declaraciones para ver si se corresponden con la realidad de los informes”, expuso Jorge Temes, la defensa de Josefa P. G., alias Pucha, la principal de los presuntos traficantes. Los letrados pidieron esta mañana que los encausados pudieran ser interrogados al final, tras los 109 testigos, 26 peritos y la reproducción de las escuchas. Varias defensas recordaron que el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal así lo contempla, y que tribunales como el Penal 2 de Ourense ya acceden, como en el juicio de Pachi Vázquez. Pero la Audiencia, que elaboró el calendario en junio pasado, mantiene su criterio y los acusados declararán al finalizar las cuestiones previas.
Tres causas judiciales
Tres causas judiciales dilucidan los rocambolescos hechos que han ocurrido en la comisaría de policía de Ourense desde 2014. La sustracción de seis armas del búnker, en agosto de ese año, se investigó de manera unida a la ‘Zamburiña’ en su origen, pero desde 2016 forma parte de un procedimiento separado en el que están imputados los policías gemelos, Roy y Bernardo D. L. Ellos son también los investigados por la muerte de su compañero Celso B. A, en abril de 2016, de un disparo en la cabeza con una de las pistolas (en su despacho aparecieron tres del total de seis que se echaron en falta).
Las defensas consideran que hay conexión y que procedería la acumulación, pese a que hasta ahora la Audiencia Provincial ha establecido que las tres instrucciones debían ser independientes. Esta mañana la sala que juzga la operación ‘Zamburiña’ volvió a descartar la incorporación de toda la causa sobre la muerte del policía, que continúa investigándose en el juzgado de Instrucción 3. El tribunal aprecia una “relación tangencial” por la que sí admitirá algunos informes del caso. “No tiene sentido enturbiar más”, dijo la fiscal sobre la solicitud de que se aportara copia de la causa, de otra sobre los anónimos ya archivada, así como de las querellas de la defensa de Antonio contra los gemelos y el responsable de la investigación de Asuntos Internos. La sala rechazó incorporar las denuncias así como requerir a Asuntos Internos que identifique al autor o autores del anónimo, pero las partes podrá interrogar al respecto a los funcionarios de la unidad.
La ‘Zamburiña y la causa del robo de armas “nacieron juntas”, reiteró la defensa de Antonio R. F. En el anónimo “se decía que eran sustraídas por el armero y que Antonio las vendía en el tráfico ilícito. Pero no solo no llevó a cabo esa conducta, que fue sobreseída contra él, sino que ahora es perjudicado al haber simulado terceros que había sido él. Es un origen ilícito y completamente al margen de la ley, para que un juez abriera una investigación en falso”, reiteró Seijo. “Si la investigación se hubiera seguido con conexidad se podría haber establecido correctamente la ilicitud con la que nació la ‘Zamburiña’, así como la autoría de la sustracción de las armas, en lugar de la posible prescripción que los señores D. L. ya han alegado, y es que puede estar prescrito. Se ha perdido el tiempo y les puede salir genial a los presuntos autores. Se ha perdido la posibilidad de perseguir a los verdaderos autores de la sustracción de las armas, y eso es gordo. El 9 abril de 2016, un agente falleció de un disparo con una de las armas sustraídas y tres aparecieron en su despacho. La conexidad es brutal”, dijo. La solicitud de prescripción, planteada por la defensa de los gemelos en ese otro procedimiento, fue rechazada por el juez.
Criterios contrarios y tensión entres dos unidades de la propia policía
Las causas sobre la comisaría de la Policía Nacional de Ourense miden visiones totalmente contrarias entre dos unidades del mismo cuerpo: Asuntos Internos y la UDEV de la comisaría. Los primeros acusan a los agentes antidroga de proteger y favorecer a sus confidentes para conseguir incautaciones, eliminando a la competencia. En las otras causas aún en instrucción creen que la muerte del agente de un disparo, con una de las armas robadas, fue un suicidio. A él atribuyen en exclusiva la sustracción de pistolas y la elaboración de los anónimos. La Fiscalía comparte el criterio de la UAI. En cambio, la UDEV cree que los gemelos mataron presuntamente al agente para encubrir la autoría del robo de armas y el anónimo. Además, atribuyen a los tres el plan para hacer dicho escrito y crear supuestas prueba falsas para incriminar a otros agentes, como el exjefe antidroga ahora acusado en la Zamburiña, por un supuesto ánimo de venganza. La magistrada que considera que la muerte de un policía fue un asesinato coincide con la UDEV. En la sesión de hoy la fiscal impugnó la aportación al juicio de informes de la UDEV y pidió aportar un contrainforme de Asuntos Internos. “La Audiencia no debe tener una información sesgada. Si se admiten los de UDEV, también el de Asuntos Internos para someterlos a contradicción”. La sala rechazó la aportación del dictamen de UAI a estas alturas, por posible indefensión de los acusados.
