La ciudad de Ourense suma ya 10 años sin un Plan General de Ordenación Municipal aprobado, un limbo urbanístico cronificado, desde la anulación en 2011 y por sentencia firme del plan que estaba entonces en vigor. La situación de “microminoría” del actual gobierno local con 3 concejales de los 27 que tiene la corporación local, y sus claras diferencias con la oposición en el modelo de PXOM a aprobar, amenazan con que la situación podría estancarse durante años, mientras continúa el éxodo a Vigo y municipios del norte luso, de muchos proyectos que rechazan la falta de seguridad urbanística en Ourense.
En este contexto, “la falta de un PXOM está hipotecando el futuro de Ourense” y esta carencia es además “su talón de Aquiles para una industria que quiera generar puestos de trabajo” . Esta es la contundente síntesis del informe elaborado por técnicos de la Asociación de Constructores Ourense (ACO) y realizada por miembros del Foro Liceo de Ourense.
Urgen plan de rehabilitación
El estudio, que fija alguna de las prioridades para que Ourense salga de esta crisis, siempre bajo el marco de un PXOM, hace hincapié en la urgencia de un plan de rehabilitación, de reforma y de regeneración urbana. También la mejora de la mejora de la eficiencia energética de los edificios y la reactivación de la maquinaria administrativas con concesión rápidas de licencias de obras.
En cuanto a la obra pública, propone “acortar los tiempos de adjudicación de los contratos”, así como disponer de proyectos que recojan y se adecúen a los precios de mercado. Respecto a la obra privada propone “impulsar la rehabilitación y renovación de las viviendas de edificios simplificando la normativa técnica, con subvenciones a particulares y un tratamiento fiscal favorable en la aplicación de tasas y un tipo de IVA reducido”.
El informe indica que para reactivar la industria de la construcción “también hace falta reducir los tiempos de concesión de licencias y permisos municipales, delimitando y concretando el alcance y objeto de revisión en el trámite de licencias, identificando la información necesaria, garantizando la transparencia y trazabilidad , simplificando la normativa, con procesos unitarios y simultáneos de todos los informes sectoriales, digitalizando los trámites y con apoyo en los colegios profesionales”.
La vivienda protegida
El estudio fija la vivienda protegida en otro apartado que tienen en cuenta y hacen hincapié en la necesidad d animar a personas en listas de espera, “ con un stock de viviendas públicas y privadas destinadas a los colectivos más vulnerables”. Eso incluye el “impuso del acceso a la primera vivienda de jóvenes, con ayudas o bonificación fiscal y renovación de viviendas para alquiler a precio asequible.
Además todos los colectivos profesionales que forman el Foro Liceo, piensan que para la recuperación del rural y retorno poblacional es preciso dotar el rural “de acceso a las redes, servicios y prestación análogas a las de la urbes y la creación, por parte de la administración, de un banco de viviendas rurales”.
La provincia también requiere potenciar los sistemas de saneamiento y depuración y proponen que un porcentaje de los superávits de los entes locales se destine “la inversión para a financiación de la ejecución y mantenimiento de infraestructuras y obras públicas financieramente sostenibles”.
8.300 empleos el ladrillo
Según el estudio encargado por Foro Liceo, en términos generales, el sector de la construcción representa el 10% de la actividad económica a nivel estatal y en Ourense y emplea 8.300 personas, eso en épocas de bonanza. “Se estima que por cada millón de euros de inversión en rehabilitación se generan 18 puestos de trabajo y el retorno fiscal mínimo se sitúa en el 25%”, explican. No obstante indican en otro apartado del amplio estudio “desde el año 2014, la ciudad navegó a la deriva, sin presupuestos. El año pasado hubo un plan de inversiones que contemplaba un total de 37 inversiones por un montante, en su conjunto, de casi 17 millones de euros. Esto sumado a los casi tres millones correspondientes al plan de obras del perímetro rural y a los contratos de mantenimiento de infraestructuras y zonas verdes por casi 6,5 millones”. Pero una vez finalizado el ejercicio, la crisis municipal era palpable y “el Concello licitó obras por un importe total de 6,6 millones y servicios de mantenimiento de infraestructuras y zonas verdes por 6,4 millones euros. De estos importes se adjudicaron obras por importe de 841.000 euros y el lote1 de conservación y mantenimiento de infraestructuras por 1.332.000 euros. En resumen se adjudicó el 4 % del previsto y el 15% del licitado”, lamenta el presente informe técnico.
