La tramitación por parte de Ence de una modificación del proyecto sectorial de incidencia supramunicipal de su fábrica de Lourizán (el documento que rige el ordenamiento urbanístico en el complejo fabril) se está convirtiendo en un frente de batalla más entre la empresa y aquellas administraciones y colectivos que se oponen a la permanencia de la pastera en Lourizán.
La empresa necesita acometer ante la Xunta la modificación del documento urbanístico que ordena todo ese ámbito para poder realizar obras y actuaciones que, aseguran, resultan imprescindibles para desarrollar algunos de los compromisos de mejora de eficiencia y calidad ambiental que se incluían en la prórroga de la concesión, otorgada en enero de 2016 por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy.
A finales del año pasado, el documento estuvo a exposición pública para que los organismos correspondientes presentasen sus respectivos informes y alegaciones. El Concello de Pontevedra o la Asociación Pola Defensa da Ría ya hicieron público el contenido de sus alegaciones, pero hasta ahora no habían trascendido los informes de algunas otras entidades que se han personado en el proceso. Y dentro de ellas hay algunas esperables y otras que son más llamativas, al menos respecto a la posición política de los órganos que los dirigen, frente a la visión desde el punto de vista administrativo de sus técnicos.
Transición Ecológica echa en cara a la empresa que no tenga en cuenta la anulación, todavía no firme, de la concesión en la tramitación de la modificación de este plan
Para empezar, no hay sorpresas con el informe emitido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El departamento que dirige Teresa Ribera mantiene una posición férrea sobre la ilegalidad de la prórroga de la concesión de Ence y aboga por sumar esfuerzos para lograr un traslado de la fábrica dentro de Galicia. En su informe de alegaciones al plan presentado por Ence para modificar su plan urbanístico en Lourizán, la directora general de la Costa y el Mar es clara: el informe es negativo dado que la propuesta de Ence “no tiene en cuenta que han recaído tres sentencias de la Audiencia Nacional (dos del 15 de julio y una del 21 de septiembre de 2021)” que anulan la resolución de la que era su antecesora en el cargo en 2016, ampliando la concesión. Unas sentencias, añade, que declaran “no haber lugar a la prórroga de la concesión en cuestión”. Por lo tanto, desde Transición Ecológica se es contundente al afirmar que “la modificación del planeamiento territorial objeto de este informe se refiere a una resolución administrativa que otorgó título de ocupación a una instalación en dominio público marítimo-terrestre que a día de hoy se encuentra judicialmente anulada”.
No es la única irregularidad que encuentra Transición Ecológica y apunta al propio Plan sectorial de Ence en su origen, en 2003, del que indica que no se tiene constancia de que se les fuese remitido para informe, como estipulan los artículos 112 y 117 de la Ley de Costas.
El informe de Transición Ecológica coincide respecto a la prórroga a lo ya alegado también por el Concello de Pontevedra. En ambos casos, la opinión de los técnicos va en consonancia con la postura política que defienden los órganos de gobierno de las citadas instituciones.
No ocurre así con Marín, un ayuntamiento cuyo gobierno local del PP ha venido apoyando la continuidad de Ence en la ría de Pontevedra. Desde el punto de vista técnico, la arquitecta municipal firma un documento en el que encuentra numerosas deficiencias a corregir respecto a la propuesta de modificación urbanística presentada por Ence, aunque no incluye entre ellas la situación legal de su título concesional.
El informe de Marín
Sí explica, no obstante, que en lo que respecta a la afectación paisajística solo justifica la integración dentro del propio complejo, “consolidando más el paisaje industrial al borde del mar”. Califica su impacto sobre el paisaje como negativo. “No se valoran los efectos sobre los montes del entorno y las especies forestales, en las que se crea un monocultivo con especies alóctonas invasoras”, en clara referencia al eucalipto que consume la pastera.
“No se valoran los efectos sobre los montes del entorno y las especies forestales, en las que se crea un monocultivo con especies alóctonas invasoras”, dice la alegación de Marín
Indica que, entre los efectos sobre la biodiversidad, “recoge un incremento del vertido de aguas residuales, con un impacto negativo significativo”.
También pone reparos a la propuesta de modificación de Ence en cuanto a la movilidad, al no cuantificar “el volumen de tráfico pesado actual y futuro, solo contabiliza un incremento de 30 camiones al día, con un efecto negativo significativo”. La arquitecta cita decretos y leyes de la propia Xunta que supuestamente incumpliría la propuesta, como es el caso del POL (Plan de Ordenación del Litoral), que cuenta con una disposición adicional específica dedicada a Ence para su recuperación tras el fin de la concesión que inicialmente se había otorgado a Ence hasta 2018. Por último, indica que la ría de Pontevedra está reconocida como “zona sensible”, según la UE en lo que respecta a la directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas y concluye finalmente que el proyecto “causa un importante impacto visual dado su ubicación, que no está suficientemente justificado en el documento inicial estratégico”.
