El número aproximado de perros que se podrían beneficiar de esta transformación legislativa incluiría a unos 40.000 ejemplares pertenecientes a las ocho razas caninas (Rottweiler, Staffordshire bull terrier, American staffordshire terrier, Dogo argentino, Akita inu, Fila brasileño, Tosa Inu y Pit bull terrier) recogidas en la figura del PPP.

Según las estimaciones la RSCE y atendiendo a sus propios registros, a estos ejemplares habría que sumar los pertenecientes a otras ocho razas (Boxer, Doberman, Presa canario, Bullmastiff, Dogo de Burdeos, Dogo del Tíbet, Mastín napolitano y Presa mallorquín) que figuran en las diferentes regulaciones autonómicas y que ascenderían a otros 31.000 perros.

Se añadirían a estos grupos los canes mestizos, por lo que “se alcanzaría una cifra muy por encima de 100.000 ejemplares”, calcula la RSCE, entidad para la que “no existen razas peligrosas”, sino “unas características físicas y de temperamento que hacen que no todos los perros sean iguales ni tengan las mismas aptitudes”.

El director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, anunció el cambio legislativo esta semana, de modo que la futura normativa acabaría con una denominación que “estigmatiza al perro y a su dueño”.

La eliminación de esta figura es una de las principales peticiones de la RSCE, entidad que propuso la derogación de la figura de ‘Perro Potencialmente Peligroso’ (PPP) en 10 iniciativas legislativas el pasado año.

«Generalidades injustas»

Para garantizar la correcta convivencia entre estos perros y la sociedad, la RSCE sugiere impartir cursos de formación para los tutores de este tipo de razas “con potencialidades físicas especiales” y ha puesto a disposición de todas las administraciones una “prueba de sociabilidad canina” desarrollada por expertos en formación y adiestramiento de cánidos.

El Gobierno tiene previsto modificar la ley 50/99 sobre animales potencialmente peligrosos para evaluar el comportamiento individual de los animales de compañía sin tener en cuenta “la raza concreta con la que ha nacido” y evitar así prejuicios “injustos”. La norma establecerá un mecanismo de validación de comportamiento de cada ejemplar.

Además, el anteproyecto de ley prevé que los perros que necesiten algún “manejo particular” se deben educar con técnicas de mejora de comportamiento para que dejen de ser peligrosos.

Así lo manifestó esta semana el director general de Derechos Animales del Gobierno, Sergio García Torres, durante unas jornadas organizadas por la Real Sociedad Canina Española en la que también ha explicado los cambios normativos que conllevará la Ley de Bienestar Animal que prepara el Ejecutivo.

Te puede interesar: El Gobierno eliminará la lista de razas de perro peligrosas