El varapalo judicial a la “Audasa italiana” empuja a un final anticipado para la concesión de la AP-9

Entre las ciudades de Livorno y Civitavecchia hay un trayecto de casi cuatro horas en coche. Si se opta, claro, por la vía de alta velocidad que pasa junto Rosignano, Cecina, San Vincenzo, Grosetto y Tarquinia. En caso contrario, el viaje se prolonga por encima de las cinco horas. La primera opción, además de tratarse de un bello recorrido por la costa de la Toscana y el Lazio, es de peaje y está explotada por la empresa Società Autostrada Tirrenica (SAT) en régimen de concesión, en un contrato con origen en 1969. En Italia, como también sucedió en España con Autopistas del Atlántico (Audasa), también se optó por aprobar varias prórrogas. La última fue en el año 2009, cuando el derecho de explotación sobre ese tramo de alta capacidad se prolongó del 2028 hasta 2046. Este acuerdo entre la concesionaria y la autoridad italiana en materia de carreteras (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, ANSA) no fue sometido a ningún concurso público previo. Aquí entró en escena la Comisión Europea, que lanzó varios requerimientos a Roma por una “concesión controvertida”, colusoria con el derecho comunitario. Tras infinitud de mandatos y una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en Italia no se dieron por aludidos. Hasta que hace casi un par de años se produjo el toque de atención definitivo desde Bruselas. Con una sorpresa: no solo recordaba que el contrato con Società Autostrada Tirrenica era ilegal, sino que incluía también en el mismo paquete a la concesionaria de la AP-9, Audasa. En el país de la bota ya han tomado medidas y no sientan buen precedente para España.

El detalle figura en el último informe anual de cuentas de la concesionaria italiana. En este documento, de 123 páginas, recuerda que el Ejecutivo que ahora dirige Giorgia Meloni decidió cortar no solo el periodo de concesión –anulando la última prórroga–, sino los tramos de la autopista en cuestión. “Hasta el 31 de octubre de 2028, el SAT [por la empresa] solo gestionará los tramos de autopista relativos A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, abiertos al tráfico en la fecha de entrada en vigor de la ley n. 8 de 2020”, y recuerda que es una resolución acorde con la sentencia del tribunal europeo. Había otras partes de esta autopista que estaban sin ejecutar, que son las que ya no podrá explotar la Società Tirrenica. Eso sí, el mismo decreto que incluía este tijeretazo a la concesionaria –conocido como el Decreto Milleproroghe– recuerda que “la práctica totalidad de las concesiones existentes se encomiendan y/o prorrogan sin licitación”. No le sirvió de argumento a Italia para librarse de la reprimenda y las multas que le empezaron a llegar de Bruselas por no acatar el fallo judicial.

La similitud entre el caso transalpino y el de la autopista AP-9 lo destacó la propia Comisión Europea en septiembre de 2021, cuando notificó un procedimiento de infracción contra España. “Del mismo modo –decía textualmente–, España ha ampliado la duración de la concesión de la autopista AP-9 sin iniciar previamente un procedimiento de licitación pública.

"Antes de verano, la Comisión se reúne para abordar y resolver temas pendientes. Estamos expectantes, creemos que es el momento”

Diego Maraña

— Portavoz de la asociación de usuarios En Colectivo

Por consiguiente, la Comisión considera que España también ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las normas de contratación pública”. La concesión de Audasa tenía que expirar el 18 de agosto de 2023, en escasos tres meses, pero el Gobierno de José María Aznar alargó este contrato hasta 2048 vía Real Decreto –el Ejecutivo de Felipe González había hecho lo propio antes, en el año 1994–. Esto es lo que está vigente a día de hoy y lo que puede caer en saco roto si se repite el precedente italiano. Eso sí, con la Società Autostrada Tirrenica ya había una sentencia mediante del TJUE, y aquí todavía tendría que interponerse una denuncia por parte de la Comisión Europea en caso de que España incumpliera un eventual mandato de fin de concesión. “

La UE declara ilegal la prórroga hasta 2048 de la concesión de la AP-9 por no salir a licitación

En cifras

¿A cuánto ascendería ese rescate de la autopista AP-9? A juicio de la propia Audasa, tendría derecho a ser “debidamente indemnizada por importe significativamente superior al de su deuda”, que es de 1.034 millones de euros. La compañía lleva ya más de cinco años con un volumen de pasivos que rebasa los mil millones porque, asegura, entrega íntegramente su beneficio a la matriz, Itínere, para que esta sí pueda amortizar deuda. Si se toma como referencia lo sucedido en Italia, las cantidades con las que se ha compensado a la concesionaria de la autopista A-12 serían siderales.

El Gobierno descarta rescatar la AP-9 por el “elevadísimo coste” que supondría

Tal y como explica en su balance anual, en enero de este año recibió una propuesta de indemnización satisfactoria. A saber: una contribución a cuenta de 200 millones de euros hasta 2026, la cesión del tramo Tarquinia - San Pietro in Palazzi por otros 36,5 millones y una subida de las tarifas del 2% anual hasta 2028. También un “derecho de sustitución” de 104 millones, a sumar a un saldo de compensación –por inversiones realizadas en la carretera– de más de 111 millones de euros.

La suma ronda los 440 millones de euros, lejos de las pretensiones de Audasa. La compañía que explota la AP-9, además de esos más de 1.000 millones que aspira a ingresar si pierde la concesión, tiene un saldo de compensación pendiente de 339 millones de euros, por unas obras de ampliación de la autopista –principalmente, la ampliación del puente de Rande– con las que arrancó el compromiso de Moncloa de elevar los peajes en un 1% anual cada año hasta el ejercicio 2038. Audasa está controlada mayoritariamente por el fondo APG; en el capital de Società Autostrada Tirrenica están Cassa Depositi e Prestiti y los fondos Blackstone y Macquarie.

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