Bruselas expedienta por segunda vez al Gobierno por la prórroga de la AP-9

La Comisión Europea acaba de notificar un segundo expediente de infracción al Gobierno de España por la prórroga a Audasa en la concesión de la autopista AP-9. Esta comunicación parte de la Dirección General de Mercado Interior e Industria del gobierno comunitario e incluye también la vía de peaje AP-66, más conocida como Ruta de la Plata que une Gijón y Sevilla.

Bruselas determina por segunda vez —el primer expediente se notificó en septiembre de 2021— que la prórroga de la AP-9 hasta el año 2048 es "incompatible" con la legislación comunitaria por haberse concedido sin concurso público, es decir, a dedo.

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Nuevo aviso para España por las irregularidades en la prórroga en la concesión de la AP-9. La Comisión Europea acaba de notificar un segundo expediente de infracción al Gobierno por la ampliación de los peajes en la Autopista del Atlántico hasta el 2048 después de que las alegaciones enviadas en el primero fueran insuficientes. Esta comunicación parte de la Dirección General de Mercado Interior e Industria del gobierno comunitario e incluye la autopista AP-66, más conocida como Ruta de la Plata que une Gijón y Sevilla, en su tramo de peaje entre Asturias y León.

En el escrito dado a conocer este martes, Bruselas determina por segunda vez –el primer expediente se notificó en septiembre de 2021– que la prórroga de la AP-9 hasta el año 2048 es “incompatible” con la legislación comunitaria por haberse concedido sin concurso público, es decir, a dedo. “España amplió la duración de dos concesiones de autopistas sin aplicar correctamente los procedimientos de licitación, infringiendo las normas de la UE”, explican en la notificación en la que se incluye a Hungría por una causa similar.

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De esta manera, ambos países miembro “tienen ahora dos meses para responder a los argumentos esgrimidos por la Comisión”, advirtiendo que “en caso contrario, la Comisión podrá decidir enviarles un dictamen motivado”. La noticia fue celebrada por la Asociación En Colectivo que agrupa a los usuarios de la Autopista del Atlántico y que gracias a su denuncia de julio de 2019 consiguió que el gobierno comunitario investigase esta cuestión en el expediente INFR(2021)4052.

El portavoz del mismo, Diego Maraña, ha exigido al Gobierno central “transparencia”. “Queremos saber el contenido de las alegaciones porque es una cuestión clave para la economía de los gallegos”, resalta. El abogado vigués afirma que “se trata de un gran avance y supone una gran noticia para todos” ya que “con los pasos que se están dando, cada día estamos más cerca de conseguir que finalice el cobro de los peajes y de lograr una autopista gratuita como ya sucede en otras comunidades como Cataluña y Valencia”.

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El origen de esta investigación se remonta al 4 de febrero de 2000, cuando el Consejo de Ministros compensaba a Audasa prolongando la concesión 25 años hasta 2048. A cambio, la entonces empresa pública se comprometía a financiar íntegramente y construir libre de peajes los 9 kilómetros entre Fene y Ferrol necesarios para dotar a esta de un nuevo acceso después del accidente de As Pías, así como la libre utilización del tramo Vigo-Teis-Puxeiros y una rebaja de entre el 19 y el 30% en las tarifas para aquel año. Este procedimiento que alteraba la prórroga aprobada por Felipe González en 1994 se efectuó sin una nueva licitación, impidiendo que otras empresas pudieran concurrir.

No es la primera vez que Europa investiga y sanciona con multas un proceso así. Cuando en 2021 lanzó su primer expediente a España lo hizo a la vez que a la prórroga italiana de la Società Autostrada Tirrenica en la A-12 que discurre por la costa de la Toscana. Después de varias multas y escritos, el Gobierno transalpino ha limitado la gestión hasta el 31 de octubre de 2028, el a los tramos de autopista relativos A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, abiertos al tráfico en la fecha de entrada en vigor de la ley n. 8 de 2020”

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¿A cuánto ascendería ese rescate de la autopista AP-9? A juicio de la propia Audasa, tendría derecho a ser “debidamente indemnizada por importe significativamente superior al de su deuda”, que es de 1.034 millones de euros. La compañía lleva ya más de cinco años con un volumen de pasivos que rebasa los mil millones porque, asegura, entrega íntegramente su beneficio a la matriz, Itínere, para que esta sí pueda amortizar deuda. Si se toma como referencia lo sucedido en Italia, las cantidades con las que se ha compensado a la concesionaria de la autopista A-12 serían siderales.

Tal y como explica en su balance anual, en enero de 2023 recibió una propuesta de indemnización satisfactoria. A saber: una contribución a cuenta de 200 millones de euros hasta 2026, la cesión del tramo Tarquinia - San Pietro in Palazzi por otros 36,5 millones y una subida de las tarifas del 2% anual hasta 2028. También un “derecho de sustitución” de 104 millones, a sumar a un saldo de compensación –por inversiones realizadas en la carretera– de más de 111 millones de euros.