Hasta 200.000 euros de multa por proporcionar estos alimentos a nuestra mascota

La controvertida (y necesaria) ley de bienestar animal entró en vigor a finales de septiembre. Ha establecido nuevas obligaciones para los dueños de mascotas, dado que la norma deja fuera a los animales que no pertenecen al entorno urbano y a los perros de caza. Si no se cumplen, los propietarios pueden ser sancionados con multas que van desde los 500 a los 200.000 euros.

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Además de que los perros no podrán dejarse solos más de 24 horas, no pueden estar “atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial” de su cuidador, es una obligación identificarles con un microchip (a perros, gatos y hurones) y se prohíbe la venta y compra de mascotas, entre otras cosas, destaca un aspecto relacionado con la alimentación.

Más hogares con mascotas que con niños

La alimentación básica en las mascotas es el pienso especial que podemos adquirir en multitud de supermercados. También se les suele dar restos de comida que sobra del día a día, e incluso, algunos dueños alimentan a sus mascotas con otros animales muertos. Con la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, queda prohibido alimentarles con vísceras, cadáveres y otros despojos de animales que no hayan superado ciertos controles sanitarios, ni se podrá usarlos como reclamo, recompensa o premio.

En este sentido, se garantiza una correcta alimentación que no perjudique a la salud del animal.

Los principales cambios que traerá consigo la Ley de Bienestar Animal

¿Por qué se ha planteado esta nueva ley?

Esta nueva ley se ha planteado con el objetivo de proteger mejor a los animales domésticos, que son fundamentalmente perros, gatos, hurones y determinadas especies de peces y pájaros. A su vez, las altas cifras de abandono y los casos frecuentes de animales maltratados o hallados en muy malas condiciones hacía necesaria esta ley.

En España, uno de cada tres hogares convive al menos con un animal de compañía, pero se calcula que más de 6 millones de animales están fuera del control oficial, al no estar identificados legalmente, lo que supone un riesgo para la salud pública.

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Por otra parte, era necesario adaptar las normativas a la nueva consideración de los animales como "seres dotados de sensibilidad" cuyos derechos deben protegerse específicamente, además considerando que los animales no son meros objetos, sino que son seres vivos que merecen el reconocimiento y protección de su "dignidad".